HARTO DE AGRAVIOS

Por el Sgto. Ay (R) Oscar Reinaldo Carabajal.

Como Suboficial Retirado del Ejército Argentino y como Veterano de Guerra, quiero expresar mi bronca ante tanto agravio por parte de una minoría de soldados ex combatientes de Malvinas (CECIM), y quiero decirles a estos llorones cobardes, que al momento de producirse la guerra se encontraban cumpliendo con una ley de la Nación, aprobada por el Congreso de la Nación, es decir civiles, no militares, y desde hace 26 años que buscan culpables por haber participado en la defensa de nuestro territorio, no fueron voluntarios, no tienen las agallas suficientes como para eso, pero hoy se creen y quieren hacer creer a la sociedad que son los únicos que combatieron, que los oficiales y suboficiales somos unos "cobardes, torturadores y represores".

Me cansé de estos nenes de mamá.

Quiero decirles a estos cobardes que, con 23 años, tuve el honor de conducir en el frente de batalla a verdaderos soldados, que no arrugaron ni en los momentos más difíciles; es más, en una oportunidad, les dije "lo único que podemos hacer es apoyar a primera línea y vamos a combatir hasta el final, no creo que nos tomen prisioneros" y fuimos, como verdaderos soldados, a dar la vida por ese pedazo de suelo argentino sin quejarnos.

No nos tocó, no tuvimos suerte, pero hoy llevan con orgullo la condición de veteranos de guerra, sin lloriqueos; por esto y mucho más, no puedo seguir permitiendo que un grupo minúsculo de pusilánimes pisotee la memoria de señores oficiales como el teniente Roberto Estévez y de los señores suboficiales como el sargento Antonio "Perro" Cisneros, Ismael García, Sbirt y tantos otros que dieron su vida en el frente de combate.

También quiero decirles, señores llorones, que tuve el honor de combatir a la par de señores suboficiales, como el sargento Juan López, el cabo 1º Daniel Fernández y los cabos (todos de 19 años) Alejandro Luján, Ramón Najar, Sixto Escobar, Aguirre Orlando, todos pertenecientes al glorioso Batallón de Comunicaciones 181 y que todos, de una manera u otra, arriesgaron sus vidas y no andan llorando por los rincones.

Quiero decirles a estos mantequitas que no vi nunca a familiares de los suboficiales y oficiales caídos en combate llorando y dando lástima por todos los medios por lo que les pasó; al contrario, se sienten orgullosos de que su hijo, hermano o padre hayan dado su vida por este bendito país; que los antes nombrados y muchos como ellos no se merecen ser involucrados y llamados cobardes, que estos valientes guerreros no se detuvieron a perder el tiempo para estaquear soldados; solamente se dedicaron a cumplir con su objetivo, defender nuestra soberanía nacional, aun a costa de sus vidas, y así lo hicieron.

Estos hombres deben ser honrados y no difamados por estos cobardes llorones que se encuentran apadrinados por parte de algunos sectores políticos y la señora de Bonafini; ya todos sabemos quién es: todo lo que no va con sus ideales son traidores y asesinos, caso Rucci, y que dejen de poner trabas para que se amplíe la ley 12.006, Pensión Honorífica Islas Malvinas, de la Provincia de Buenos Aires, que nos corresponde, porque así lo dice la Constitución en su Art. 16 "principio de igualdad ante la ley", porque el enemigo no hacía diferencia entre oficiales, suboficiales o soldados, todos somos veteranos de guerra, y si hubo algún oficial o suboficial que hayan hecho abuso de autoridad durante el conflicto, que se los denuncie y que la ley los juzgue como corresponde, pero que no nos metan a todos en la misma bolsa.

Caso contrario, estamos bastardeando y pisoteando la memoria de los 10 oficiales y 230 suboficiales muertos pertenecientes a la Armada Argentina, los 14 oficiales y 36 suboficiales muertos del Ejército, los 36 valientes pilotos y los 14 suboficiales de la Fuerza Aérea, los 2 oficiales y los 5 suboficiales de Gendarmería Nacional y los 2 suboficiales de Prefectura Naval; en total, 349 muertos entre oficiales y suboficiales que hoy son custodios de nuestras islas Malvinas.

Seguramente, para los pusilánimes del CECIM, estos héroes son "cobardes, torturadores y represores". ¿Qué les decimos a los familiares? ¿Que se merecían morir por ser miembros de las Fuerzas Armadas? ¿Que la ley es solamente para algunos y no para todos o, mejor dicho, la ley ampara a los cobardes que fueron obligados y no a los que fueron por propia voluntad?

Pero, claro, estamos en el mundo del revés.

Señores cobardes y llorones: Ustedes sí son cobardes, porque se esconden detrás del poder político y yo soy suboficial retirado del Ejército Argentino y me siento orgulloso de serlo y les puedo asegurar que no soy cobarde, torturador ni represor.

Oscar Reinaldo Carabajal, sargento ayudante (R) Ejército Argentino
Bahía Blanca

EL BICENTENARIO Y LA PACIFICACION NACIONAL

El Bicentenario y la pacificación nacional
Alberto Solanet

Hace medio siglo aparecieron los primeros focos de la guerrilla rural en la provincia de Tucumán, y de la acción de estos y otros grupos que en los años siguientes recurrieron a la violencia fue expandiéndose una verdadera guerra interior.

El conflicto se acentuó en la década del 70.

Lamentablemente, al restablecerse en 1973 el régimen constitucional, las tres primeras medidas del Congreso y del Poder Ejecutivo fueron disolver la Cámara Federal en lo Penal con competencia para juzgar a los imputados de hechos terroristas, derogar la legislación penal que sancionaba tales conductas y liberar a todos los imputados, incluso procesados y legítimamente condenados por actos terroristas. La guerra adquirió una intensidad sin precedente.

Diariamente ocurrían homicidios, secuestros, usurpaciones, asaltos y otros gravísimos delitos.

A partir de decretos dictados por Isabel Perón e Italo Luder, ante una situación caótica que desbordaba a las instituciones policiales, en 1975 se ordenó a las fuerzas armadas que aniquilaran el accionar terrorista.

La guerra prosiguió con su secuela de excesos, hasta que finalmente la embestida guerrillera quedó bajo control, con muy aislados brotes de violencia.

Al asumir las autoridades constitucionales el 10 de diciembre de 1983 resolvieron enjuiciar a los comandantes en jefe, sustanciándose un proceso ante el Consejo Supremo y, simultáneamente, dispusieron denunciar a los dirigentes de la guerrilla en actuaciones que tuvieron limitada proyección.

En cambio, los tribunales federales, después de abocarse al conocimiento de los procesos castrenses, vulnerando la garantía del juez natural, avanzaron hacia toda la línea de mando de las fuerzas armadas, de seguridad y policiales, sin excluir a quienes ostentaban las jerarquías más modestas como oficiales o suboficiales.

A partir de 1987, surgieron levantamientos militares que finalmente fueron superados con la sanción de las leyes de punto final y obediencia debida.

También los imputados de hechos subversivos fueron incluidos por el Congreso entre los beneficiados con la extinción de las acciones penales.

Finalmente, en 1989 y 1990, se dictaron amplios decretos de indulto para todos los que participaron en la guerra.

Ante el estupor de muchos que consideraban superado el conflicto, e impulsada por motivaciones ideológicas y resentimientos, la confrontación resurgió y, con auspicio oficial, se forjó una visión asimétrica y unilateral del último medio siglo, en la que los agresores de la sociedad civil quedaron transformados en "jóvenes idealistas" que habían sido injustamente perseguidos.

En los últimos cinco años, se acentuó el hostigamiento contra militares y policías.

Se anularon los indultos que habían sido homologados por la Corte Suprema; el Congreso anuló las leyes que habían extinguido las acciones penales, reabrió los procesos y vulneró la garantía de la cosa juzgada; asimismo, ejecutó un amplio abanico de medidas persecutorias que sólo sirven para profundizar la discordia y frustrar la necesaria unión nacional.

La situación es hoy extremadamente grave porque, contrariamente a lo resuelto por la Cámara Federal cuando juzgó a los comandantes, en el sentido de que la defensa de la sociedad agredida había sido monopolizada por las fuerzas militarizadas, sin participación de los funcionarios que cumplían actividades civiles, ahora se pretende extender a estos sectores la responsabilidad por las extralimitaciones cometidas en el curso de la guerra.

Al convalidar la detención de un ex ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, la cámara del distrito llegó al extremo de sostener que la sola circunstancia de haber aceptado y desempeñado tal cargo es suficiente para involucrarlo en la ejecución de hechos en los que no tuvo ni pudo tener participación alguna.

Con esta nueva línea jurisprudencial, la revancha ya no tiene límites.

La cuestión no es ya meramente jurídica, sino de naturaleza moral.

No es el horror de la guerra lo que está bajo examen, sino la opción sistemática por alternativas que, transcurridos casi cuarenta años desde que comenzara la etapa más violenta de la contienda, alientan el odio y la desintegración social, al empujar a los más extremados a reacciones graves e imprevisibles.

Son ya cerca de cuatrocientos los presos políticos y el número crece de modo inquietante. Digo bien, se trata de presos políticos. No se puede seguir hablando de República, de derechos humanos y Estado de derecho mientras subsista esta ominosa situación.

Rechazamos, también por razones morales, que se cometan las mismas aberraciones jurídicas con quienes hoy gozan de los favores oficiales y desempeñan altísimos cargos en los tres poderes del Estado nacional.

Las acciones penales contra todos los contendientes están irreversiblemente extinguidas y así deberán declararlo en algún momento los jueces, si la Justicia es finalmente restablecida.

Porque, como lo ha declarado la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales en su dictamen del 25 de agosto de 2005, descalificó la línea jurisprudencial iniciada a partir de 2004, "los principios de legalidad, irretroactividad de la ley penal, ley penal más benigna, cosa juzgada, derechos adquiridos, no sólo están en el texto de la Constitución nacional, sino en su espíritu y, más aún, constituyen la esencia del constitucionalismo clásico de los siglos XVIII y XIX, principios que no han sido modificados por las etapas posteriores del constitucionalismo, que tienen varios siglos de vigor y que nunca han sido cuestionados".

Urge volver al cauce de la Constitución histórica, al recurrir incluso a los remedios que están en su texto y que ninguna convención internacional ha abolido, que permitirían afianzar la paz interior y superar las secuelas más dolorosas de nuestra guerra.

Sobre el punto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos autorizan la amnistía y el indulto "en todos los casos", incluso "para los delitos más graves".

La Convención Reformadora de 1994, en la misma sesión plenaria que aprobó la redacción del actual artículo 75, inciso 22, y otorgó jerarquía constitucional a varios convenios internacionales, rechazó la pretensión de que los delitos de lesa humanidad fueran imprescriptibles y no susceptibles de amnistía, indulto o conmutación. ¿Cómo es posible que ahora se reclame que los jueces juzguen y condenen rápidamente a quienes ya han sido amnistiados o indultados por delitos que, además, se encuentran prescriptos?

Todo esto configura un verdadero desvarío jurídico que incrementa el rencor y el resentimiento.

Queda así en evidencia que no median obstáculos jurídicos genuinos que impidan recurrir a medidas pacificadoras, como lo hicieron los pueblos sabios, en Europa y en América, para aplacar los odios engendrados por los enfrentamientos internos.

Necesitamos llegar al Bicentenario con la Nación en paz, y para ello es preciso proceder con grandeza, y levantar las banderas de la concordia y la reconciliación.

Ello exige como premisa concluir con la prédica de la inquina y la venganza.

El autor es presidente de la Corporación de Abogados Católicos.

JUSTICIA O VENGANZA?

La resolución de la Cámara Penal de Casación, que ordenó la excarcelación de unos pocos militares y ex integrantes de las fuerzas de seguridad casi un mes atrás, ha provocado una reacción entre histérica y atrabiliaria de ciertos personajes, que incluyó una inusitada amenaza de la Presidenta de la Nación contra los jueces firmantes de la resolución, extendida rápidamente a sus familiares por Hebe de Bonafini.

El periodismo rocambolesco que padece la Argentina no les fue en zaga, habiéndose escrito en el diario de mayor circulación que la resolución de marras era jurídicamente inobjetable pero políticamente incorrecta y también que era jurídica, pero no ética.

Frente a estos nuevos agravios, no ya a las instituciones o a los jueces, sino antes bien a la inteligencia y al más añejo sentido común, el Instituto de Filosofía Práctica siente otra vez el deber de pronunciarse públicamente.

La gravedad de la situación exige diagnósticos profundos, aún cuando ello conduzca al terreno mismo de la política, porque es desde la política que se nos ha puesto en peligro, como señala Ramiro de Maeztu, "Lo normal es que, cuando los regímenes parecen estables, tiendan los intelectuales a recogerse en su torre de marfil y que cuando amenazan grandes trastornos, se salgan de ella, antes de que se les pueda caer encima. Lo normal es que no les guste la política, porque no está en su mundo y les es difícil distinguirse en ella. Pero cuando se produce una inseguridad tan profunda, que amenaza, aunque sea lejos, la vida del espíritu, los escritores se salen de su mundo... para luchar por el orden social, que tienen que identificar con las condiciones de la vida del espíritu".

Así, es bien cierto que las críticas e insultos no respetan la llamada "división de poderes", que la resolución objetada aplica la ley vigente, que los fallos deben ser jurídicamente correctos, que no se debe confundir la imprescriptibilidad de un delito con la aplicación de la ley procesal, que la presunción de inocencia y el tipo penal son dos conquistas del derecho penal, que la igualdad ante la ley es una garantía constitucional, y así podría seguirse.

Pero con todo eso no alcanza, porque más cierto es que a la situación presente se ha llegado a través de un proceso gradual pero continuo de destrucción del orden social (incluido el jurídico), cuyas peores consecuencias todavía no se han visto.

Sería imposible exponer aquí en forma completa los hitos principales de ese itinerario perverso, verdadero iter criminis que ha desfigurado el rostro de la Patria y sumido a enormes sectores de argentinos en la pobreza (tanto material cuanto espiritual), el escepticismo y la indiferencia.

Pero comencemos por señalar algunos de ellos, al menos los más relacionados con el hecho que nos ha impulsado a hacer esta declaración:

 El desmantelamiento de la administración de justicia (o Poder Judicial, si se prefiere) y la persecución (primero sutil, luego ostensible) de jueces y magistrados, iniciada en 1983 por motivos político-ideológicos.

 La nefasta reforma constitucional de 1994, que destruyó y sepultó los restos del federalismo argentino, clausurando de paso los últimos vestigios de subsidiariedad y haciendo de los gobernadores de provincia súbditos y mendigos del poder concentrado en Buenos Aires.

 La legitimación de la acción directa, preferentemente atemorizadora, para conseguir objetivos socio-políticos o, más crudamente, como estrategia de formación de una conciencia y una praxis revolucionarias.

 El reemplazo del Gabinete de Ministros por un conglomerado de hombres y mujeres, cuyo único rasgo común es la obsecuencia.

 La transformación del Congreso en un rebaño sumiso que pastorea un mandamás inculto y rudimentario, y que periodistas ignorantes continúan confundiendo con una escribanía.

 La proliferación de leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, directivas, circulares, instrucciones, etc. etc., que en su aspecto más grave han subvertido los principios y costumbres más raigales de los argentinos, sin perjuicio de lo cual han engendrado además un claro escepticismo (cuando no palpable desprecio) por la ley positiva, a la que tienen como mera expresión de una voluntad de poder sin límites.

Esta mínima recordación de hechos que fueron minando el orden de la Patria, tuvieron su particular expresión en el ámbito de la administración de justicia. El obrar desconstructivo iniciado en 1983 hizo carrera. Fue retomado por Menem y Duhalde y convertido en éxito por Kirchner, quien impuso la destitución de los ministros de la Corte Suprema a partir de la revisión política de sus sentencias y logró conformar un nuevo tribunal con parentesco ideológico. Esta Corte pasará a la parte peor de la historia judicial argentina, por haber violado o desconocido directamente los principios de non bis in idem, de legalidad o de reserva, de cosa juzgada, de igualdad ante la ley, de congruencia, sin olvidar sus fallos esperpénticos, sus errores técnicos y las declaraciones inmorales (cuando no protervas) de algunos de sus miembros.

En estricta correspondencia con el obrar de la Corte Suprema, asistimos a juicios públicos conducidos por jueces prevaricadores, que convierten sus juzgados en remedos de tribunales revolucionarios, donde una plebe debidamente organizada grita sus consignas ideológicas e insulta y amenaza a acusados y testigos de la defensa.Tal vez sea innecesario advertir que no se trata aquí de la culpabilidad o inocencia de esos acusados, sino de algo mucho más trascendente, más arriesgado y, si se quiere, más peligroso. Se trata de un retroceso histórico y cultural grotesco, tal vez sin parangón en la historia de Occidente, porque en la Argentina , al cabo de siglos de derecho romano y principios cristianos, hemos tomado la decisión de sustituir a la justicia por la venganza.

El Instituto de Filosofía Práctica cree que a esta situación que se intenta describir se llega cuando el Derecho y la Justicia pasan a tener como único fundamento la voluntad del legislador y el poder del Estado. Ambos quedan sometidos entonces al absolutismo de la ideología imperante, con lo que sucumben tanto la libertad como la seguridad.

Ya no tendrá sentido discurrir acerca de la división de poderes, la independencia de los jueces o la supremacía de la ley constitucional. Sólo importará la voluntad prepotente, vociferante, arbitraria e ideologizada de la facción adueñada del poder político, que no tolerará jamás que jueces probos y libres contradigan sus dictados y hará que en todo momento se adecuen a ellos sentencias, leyes y hasta la misma Constitución.

Como puede advertirse, no se trata de un gobierno o de grupos de presión que cometen errores ni, mucho menos, de una discusión sobre la interpretación de las leyes. En ésta, como en otras graves cuestiones de la hora presente, se han puesto de un lado el Derecho y la Justicia, y del otro el Estado: "Planteado un antagonismo entre el Estado y el Derecho, al lado y en defensa de éste debemos militar cuantos le reverenciamos como ideal, le practicamos como ministerio elevadísimo y le tomamos como inspirador, luminar y bandera, persuadidos de que sin su amparo la sociedad retrocedería a la barbarie y el alma se hundiría envilecida".

Por Gerardo Palacios Hardy y Bernardino Montejano, Instituto de Filosofía Práctica.