"Difundo a continuación las palabras pronunciadas por el Lic. Luis Labraña, el día 11 de junio, en la presentación del libro del Tata Jofre, Volver a Matar".
"Quedé muy impactada... Estas palabras son pronunciadas por un ex terrorista... y muestran el camino de la pacificación... Gracias, Luis, por tu valentía... en tus gestos pudimos percibir la autenticidad de tu testimonio"
Buenas tardes, señoras y señores.
En primer lugar quiero agradecer muy especialmente al Tata Yofre por concederme el honor de estar participando en esta mesa y ante la presencia de Uds.
Me imagino que me miran con curiosidad y desconfianza...¡Es lógico! Días atrás, leyendo una crónica sobre Volver a matar, el periodista caracteriza a los dos guerrilleros entrevistados como personas que hablan desde el arrepentimiento.
¡Pensar que alguien me encuadra en la figura de un arrepentido me causa pavor. Me imagino a una persona destruida, con un dedo enorme marcando a sus compañeros por la calle.... Me imagino el mismo dedo indicándole a sus captores quién de la lista debía morir y quien debía vivir... Y me lo imagino, al inicio de la democracia, con ese mismo dedo, señalándole a los medios quiénes fueron los que le perdonaron la vida...
Asocio la imagen de un arrepentido más a la de un ingrato que a la de un traidor.La traición es circunstancial. La ingratitud es una de las malas condiciones humanas.
Por eso me veo obligado a aclarar que yo no soy un arrepentido. Yo no estuve cautivo. No sufrí apremios. No delaté a nadie. Y si hoy, por primera vez, aparezco en público u estoy aquí, en esta mesa frente a Uds, es por convicción. Por pura convicción!
Al leer el libro de Yofre, se activaron los vericuetos de mi memoria. Memoria es una hermosa palabra manoseada hasta la degradación. Recordé a Dixie, la quinta donde fui detenido aquel 14 de febrero de 1973. Recordé algunos momentos, algunos rostros, algunas situaciones: los días inciertos de incomunicación e interrogatorios, la certidumbre de muchos años de cárcel. Y sobre todo la actitud del Juez que se instaló a dormir en la misma dependencia en la que estábamos detenidos para garantizar nuestras vidas: estaba en manos de la Cámara Federal en lo Penal.
Pasaron 36 años y recién, gracias a Volver a matar, comprendo el inmenso valor político de esa instancia constitucional, creada por un gobierno de facto. Era evidente, para todos, menos para nosotros, que el gobierno del Gral. Alejandro Agustín Lanusse intentaba combatirnos con la ley en la mano, y eso habría una brecha democrática en el accionar de su gobierno. Pero nosotros no entendíamos nada de política real. La ideología se imponía al raciocinio y a la realidad. Éramos ciegos.
Bueno...Todos ya sabemos como continuó la historia.Este libro me conduce a la reflexión. Pienso que a muchos de Uds. también.
Volver a matar es la obra de un historiador y no, como el Tata humildemente se denominó en un programa radial: un cronista. En contraposición a las publicaciones de snobs contrafácticos que suelen pulular en los medios, éste es un libro científico. Cada palabra está respaldada por una meticulosa documentación. Es la obra, repito, de un investigador que sabe de estrategias. La riqueza de este libro va más allá de la rigurosidad histórica: Abre nuevos caminos a la actualidad.
Y ahora reflexiono en voz alta:Queda claro a través de la documentación el importante rol de Cuba en el desarrollo y crecimiento de la guerrilla. Había y hay intereses que van más lejos de la simple solidaridad revolucionaria. Hablo de los intereses geoestratégicos que tenía el bloque soviético y de los cuales Cuba era su más fiel aliado en América.
Cabe determinar si la guerrilla operó por espontaneidad y rebeldía. De lo contrario, estamos frente a una libre interpretación jurídica: el accionar de la guerrilla dentro de los delitos de lesa humanidad, por responder a las órdenes o intereses de un estado.Todos sabemos que las declaraciones del Tribunal de Roma son meras palabras, jurisprudencia para utilizar acorde a las necesidades e intereses del momento porque la guerra -en sí misma- es un delito de lesa humanidad. Y no hay tribunal en el mundo que pueda evitar una guerra. El antónimo de guerra es el vocablo política. La palabra paz es sólo un lindo momento que se goza entre la guerra y la política.
No nos hagamos más los pacifistas a conveniencia. Aquí hubo una guerra. Pese a lo que digan los vendedores de memoria. Y quienes lo niegan faltan a la verdad y ofenden la convicción y la valentía de quienes murieron en ambas trincheras. Negar la guerra, a la cual nos referíamos continuamente en nuestros documentos como “guerra revolucionaria, popular y prolongada”, es hacernos quedar como niñitos estúpidos de un jardín de infantes. Es desmerecernos en provecho de algunos bolsillos. Nosotros fuimos héroes en tiempos de guerra. Y en la otra trinchera también. Nadie debe apropiarse de la sangre y del dolor de los que escribieron la historia de los 70.
Alguien, no sabemos quien ni cuando abrió la caja de Pandora y dejó encerrado el Código Penal. Fue el comienzo del fin. En una guerra, al fragor del combate, no hay tregua, piedad ni perdón porque está en juego la vida. No me imagino las tropas norteamericanas en Irak ni las soviéticas en Afganistán ni a los franceses en Argelia ni a los occidentales en los Balcanes con combatientes vestidos con plumas blancas, globos de colores y caramelos para los enemigos. La guerra libera al depredador más grande del reino animal: al hombre.
Y en los 70 el ser argentino mutó en fiera. Y pasó lo que pasó. Mucha muerte, dolor, exilio, cárcel. Vino esta democracia como pudo y con lo que pudo e intento poner paños fríos: amnistía, indulto.Y comenzamos a caminar mirándonos de reojo pero caminábamos. Lentamente nos acostumbrábamos los unos con los otros...
Y de pronto otra vez el hombre muta... Pero no en la bestia guerrera! En un cretino, mediocre e insaciable que generó esta Argentina desprotegida. Esta Argentina sin justicia, sin FFAA, sin contrato social, sin salud, sin trabajo, sin educación...sin seguridad.
El libro del Tata me llevó a reflexionar que necesitamos una Argentina libre del pasado, sin mezquindades, sin recuento de los muertos, con un monumento único para los que cayeron y con un indulto amplio que nos permita la paz interna.
Porque aquí no hay salida: o quedamos todos libres o vamos todos presos!Muchas gracias.
Lic. Luis Labraña
domingo, 21 de junio de 2009
lunes, 8 de junio de 2009
SENTENCIA CONTRA UN JUEZ
Sentencia contra un juez
Victoria Villarruel
En la Argentina, hubo un tiempo en que las sentencias las impartían las organizaciones terroristas. Eran sentencias de muerte.
El domingo 28 de abril de 1974, el brazo del terror bajó el martillo contra un juez de la Nación, Jorge Vicente Quiroga.
Ese día, quien había sido uno de los jueces de la Cámara Federal en lo Penal pagó con su vida haber juzgado, condenado o absuelto a los terroristas que agredían a la población civil en nombre de una lucha armada que ellos creían justa y necesaria.
Quienes debían estar tras las rejas, gozaban de la libertad irrestricta que les había otorgado la amnistía concedida durante el gobierno del Dr. Cámpora, refrendada por quien en ese entonces era ministro del Interior y hoy procurador de la Nación, el Dr. Esteban Righi.
Quiroga caminaba hacia la casa de otro colega, con el cual irían juntos a la cancha a ver un partido de Boca. Pocos metros antes de llegar a destino, dos jóvenes en moto le dispararon y nueve balas impactaron en su cuerpo. Murió asesinado a los 48 años. Sus asesinos, integrantes del ERP 22 de Agosto, escaparon, pero sus nombres quedaron para siempre unidos al crimen: Marino Amador Fernández y Raúl Argemi.
El muerto había sido elegido por sus méritos para integrar la Cámara Federal en lo Penal, un plan innovador para la época, que se adelantó a España e Italia en el juzgamiento de ETA y las Brigadas Rojas.
Significó una modernización del sistema, para poder juzgar con celeridad los actos terroristas.
Esa Cámara tenía competencia para juzgar todos los delitos calificados como subversivos, garantizando la defensa del imputado.
Así, el crimen del empresario italiano Oberdan Salustro pudo ser resuelto en 11 meses. La labor de los jueces no fue de persecución ideológica: la prueba es que no hubo una sola condena por la ley 17.401, de represión del comunismo.
Los terroristas ni siquiera eran esposados, como detallaron las crónicas de la época.
Se podrá discutir la oportunidad de iniciar esta experiencia durante un gobierno de facto, pero es incontestable que se respetaron todas las garantías procesales durante el poco más de año y medio de trabajo y que, una vez dictada la amnistía, en mayo de 1973, todos los terroristas que habían sido condenados o estaban siendo procesados fueron liberados y retomaron el camino de las armas.
Los asesinos del juez Quiroga fueron juzgados y condenados a 18 años de cárcel, pero apenas cumplieron unos años. Los restantes miembros de la Cámara Federal en lo Penal sufrieron persecución y amenazas, lo cual provocó que se exiliaran.
Al ser desarticulada la Cámara, los terroristas lograron uno de sus más preciados objetivos: la impunidad, porque ningún juez se atrevería en adelante a condenarlos.
A 35 años del asesinato de este magistrado, observamos con preocupación que continúan impunes, libres entre los ciudadanos. Algunos ocupan cargos públicos.El Poder Judicial sigue siendo presionado por algunos de los que en el pasado integraron estas organizaciones terroristas y que hoy, con la suma del poder público, amedrentan a todos los que no responden a su línea argumental en esta tragedia nacional. Otros, simpatizantes de las ideas mesiánicas de los terroristas, aportan su granito de arena a la disolución de uno de los pilares de la República: la independencia del Poder Judicial.
Una muestra de la maquinaria creada para garantizar la impunidad de quienes atentaron contra las instituciones del Estado fue la Resolución 158/07, por la cual el procurador Righi ordenaba a los fiscales no considerar delitos de lesa humanidad los cometidos por integrantes de organizaciones armadas.
Hoy, ante la decisión de la Cámara de Rosario en la causa Larrabure, Righi ha debido bajar los decibeles de una discusión en la que debería haberse excusado de participar, por ser parte interesada.
Treinta y cinco años después, los familiares de las víctimas del terrorismo continúan su lucha por el reconocimiento de sus derechos humanos. Temen al ver a algunos de los que los atacaron gozar de la inmunidad que les brindan sus cargos, y esperan que surjan jueces como Quiroga, que enfrenten la inmoralidad jurídica y política y que den testimonio de la valiosa función de un magistrado.
La autora preside el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas.
Victoria Villarruel
En la Argentina, hubo un tiempo en que las sentencias las impartían las organizaciones terroristas. Eran sentencias de muerte.
El domingo 28 de abril de 1974, el brazo del terror bajó el martillo contra un juez de la Nación, Jorge Vicente Quiroga.
Ese día, quien había sido uno de los jueces de la Cámara Federal en lo Penal pagó con su vida haber juzgado, condenado o absuelto a los terroristas que agredían a la población civil en nombre de una lucha armada que ellos creían justa y necesaria.
Quienes debían estar tras las rejas, gozaban de la libertad irrestricta que les había otorgado la amnistía concedida durante el gobierno del Dr. Cámpora, refrendada por quien en ese entonces era ministro del Interior y hoy procurador de la Nación, el Dr. Esteban Righi.
Quiroga caminaba hacia la casa de otro colega, con el cual irían juntos a la cancha a ver un partido de Boca. Pocos metros antes de llegar a destino, dos jóvenes en moto le dispararon y nueve balas impactaron en su cuerpo. Murió asesinado a los 48 años. Sus asesinos, integrantes del ERP 22 de Agosto, escaparon, pero sus nombres quedaron para siempre unidos al crimen: Marino Amador Fernández y Raúl Argemi.
El muerto había sido elegido por sus méritos para integrar la Cámara Federal en lo Penal, un plan innovador para la época, que se adelantó a España e Italia en el juzgamiento de ETA y las Brigadas Rojas.
Significó una modernización del sistema, para poder juzgar con celeridad los actos terroristas.
Esa Cámara tenía competencia para juzgar todos los delitos calificados como subversivos, garantizando la defensa del imputado.
Así, el crimen del empresario italiano Oberdan Salustro pudo ser resuelto en 11 meses. La labor de los jueces no fue de persecución ideológica: la prueba es que no hubo una sola condena por la ley 17.401, de represión del comunismo.
Los terroristas ni siquiera eran esposados, como detallaron las crónicas de la época.
Se podrá discutir la oportunidad de iniciar esta experiencia durante un gobierno de facto, pero es incontestable que se respetaron todas las garantías procesales durante el poco más de año y medio de trabajo y que, una vez dictada la amnistía, en mayo de 1973, todos los terroristas que habían sido condenados o estaban siendo procesados fueron liberados y retomaron el camino de las armas.
Los asesinos del juez Quiroga fueron juzgados y condenados a 18 años de cárcel, pero apenas cumplieron unos años. Los restantes miembros de la Cámara Federal en lo Penal sufrieron persecución y amenazas, lo cual provocó que se exiliaran.
Al ser desarticulada la Cámara, los terroristas lograron uno de sus más preciados objetivos: la impunidad, porque ningún juez se atrevería en adelante a condenarlos.
A 35 años del asesinato de este magistrado, observamos con preocupación que continúan impunes, libres entre los ciudadanos. Algunos ocupan cargos públicos.El Poder Judicial sigue siendo presionado por algunos de los que en el pasado integraron estas organizaciones terroristas y que hoy, con la suma del poder público, amedrentan a todos los que no responden a su línea argumental en esta tragedia nacional. Otros, simpatizantes de las ideas mesiánicas de los terroristas, aportan su granito de arena a la disolución de uno de los pilares de la República: la independencia del Poder Judicial.
Una muestra de la maquinaria creada para garantizar la impunidad de quienes atentaron contra las instituciones del Estado fue la Resolución 158/07, por la cual el procurador Righi ordenaba a los fiscales no considerar delitos de lesa humanidad los cometidos por integrantes de organizaciones armadas.
Hoy, ante la decisión de la Cámara de Rosario en la causa Larrabure, Righi ha debido bajar los decibeles de una discusión en la que debería haberse excusado de participar, por ser parte interesada.
Treinta y cinco años después, los familiares de las víctimas del terrorismo continúan su lucha por el reconocimiento de sus derechos humanos. Temen al ver a algunos de los que los atacaron gozar de la inmunidad que les brindan sus cargos, y esperan que surjan jueces como Quiroga, que enfrenten la inmoralidad jurídica y política y que den testimonio de la valiosa función de un magistrado.
La autora preside el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas.
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