lunes, 25 de marzo de 2013

El infierno y el terror

25 Mar. 2013 | Alfredo Leuco

El infierno y el terror

El infierno y el terror
Ayer se cumplieron 37 años y sin embargo aún hoy digo 24 de marzo y me estremezco. Veo la noche de la noche. El 24 de marzo es el día más nefasto de nuestra historia. Mire que nos pasó de todo como país, pero no hay nada comparable con el 24 de marzo de 1976. Fue el comienzo del reinado de la muerte. El desembarco del nazismo criollo. La coronación de los sueños de los peores hombres de este país. Querían muertes, torturas, desapariciones, campos de concentración, robos, violaciones, humillaciones, mutilaciones, censuras, extorsiones, querían todo eso y mucho más y lo lograron. Seguramente todas las sociedades en algún momento de su historia tocan fondo, descienden a los infiernos. Bueno, a nosotros nos tocó el 24 de marzo de 1976. Es nuestra responsabilidad recordar aquella hecatombe social que vivimos para que aquél veneno que inocularon en las venas abiertas de la sociedad no nos envenene más. Que nadie olvide que no dejaron delito por cometer. Que el terrorismo de estado no es una tormenta de la naturaleza y que por el contrario es un producto malparido por la sociedad en la que vivimos. Que un genocidio tiene mil explicaciones y no tiene ninguna. Esta claro que no adhiero a la teoría de los dos demonios. Nunca lo hice. No se puede ni comparar la responsabilidad de un estado que utiliza una maquinaria industrial para aniquilar a sus enemigos con la culpa de las organizaciones civiles que apelaron a la lucha armada para llegar al poder y establecer el socialismo. Si condeno por igual cada uno de los crímenes. Cada muerte es despreciable y repudiable no importa quien sea la víctima ni el victimario. Las atrocidades de lesa humanidad cometidas por las Fuerzas Armadas fueron castigadas como corresponde por la historia y por la justicia de la democracia. Hay 404 represores condenados, 190 murieron antes de afrontar el juicio y hay 698 mas que esperan sentarse en el banquillo de los acusados.

Pero falta un debate profundo y valiente sobre la utilización del fusil en la política. Es cierto que los vientos guevaristas de la época diseminaron la guerrilla entre los jóvenes del continente. Es verdad que en aquellos tiempos la democracia tenía apenas un valor formal. Era burguesa o escenario de la partidocracia. Eso decían los combatientes del ERP o Montoneros. Pero cada vez se hace más necesario reconocer desde los protagonistas que fue una verdadera locura suicida apelar al foquismo, a las bombas y a los tiros. No solamente fue un error táctico como reconocen algunos. Fusilar a un policía en la calle o tomar un cuartel por la fuerza en plena democracia también fueron violaciones a los derechos humanos que finalmente aceleraron el golpe de estado para beneplácito de los sectores económicos más poderosos encarnados en la figura del recientemente fallecido José Alfredo Martínez de Hoz. Hasta el propio Rodolfo Walsh dijo que sus armas también eran violatorias de las convenciones internacionales y no lo escucharon cuando llamó a sus compañeros a reconocer la “derrota militar antes de que se convierta en exterminio”. Hoy se cumplen 36 años del asesinato de quien escribió su célebre y valiente “Carta abierta a la Junta” pero que también fustigó duramente el militarismo que “los llevó a profundizar sus acuerdos ideológicos con la ultraizquierda”. Pero si seguimos profundizando el análisis y apelando a la autocritica, debemos decir que una parte importante de la sociedad civil respiró aliviada cuando los militares asaltaron el gobierno. No había conciencia profunda del verdadero significado de la palabra democracia ni del concepto de derechos humanos. También es justo decir que era muy difícil saber que los golpistas de Videla, Massera y su banda criminal iban a utilizar todas las formas de la muerte. Por shock eléctrico, por inmersión, por fusilamiento, por incineración, por sofocación, arrojando gente desde los aviones, sepultado seres humanos vivos en fosas comunes. No hay imaginación tan siniestra que pueda comprender los asesinatos y secuestros de niños, las torturas a embarazadas, a discapacitados, los tormentos a abuelos delante de sus hijos o nietos y las venganzas sobre familias enteras. Por eso es una fecha para no olvidar jamás. El ejercicio de la memoria es sinónimo de salud mental para una sociedad. Para que el golpe no nos siga golpeando. Para que todos sepamos lo que nos pasó. Para que no nos vuelva a pasar. Nunca más.

sábado, 16 de marzo de 2013

Uruguay: justicia sin revancha

Uruguay: justicia sin revancha El fallo de la Suprema Corte uruguaya entendió que no se puede declarar la irretroactividad de las leyes penales, cualquiera que sea su naturaleza El 22 de febrero pasado, la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, por cuatro votos contra uno y en una extensa y bien fundada sentencia, declaró la inconstitucionalidad de dos artículos de una ley sancionada con los votos de los legisladores del Frente Amplio a fines de 2011, con la que se pretendía eliminar la llamada "ley de caducidad". Como se recordará, la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, conocida popularmente como "ley de caducidad", es una norma dictada en Uruguay en 1986, y refrendada por la ciudadanía en 1989 y 2009, por la cual se estableció la caducidad del "ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1° de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto". En su fallo, la Suprema Corte del país vecino entendió que la norma referida transgredía, entre otros, los principios de legalidad e irretroactividad de la ley penal más gravosa, lastimando así, muy seriamente, la noción de seguridad jurídica, que es un valor esencial y central de las democracias. Hablamos, además, de una ley que había sido objeto específico de dos pacíficas y trasparentes consultas populares. En ambas oportunidades los uruguayos votaron mayoritariamente y con toda claridad por mantener inalterada la vigencia de la "ley de caducidad". El doble pronunciamiento popular no fue, sin embargo, óbice alguno para que la izquierda uruguaya continuara con sus reiterados intentos de derogarla; esta vez desde el Congreso, aprovechando su mayoría parlamentaria circunstancial. Pero el Supremo Tribunal se opuso rotundamente a que se imponga el principio de la retroactividad en materia penal, por entender que viola abiertamente la noción misma del Estado de Derecho, lo cual tiene enorme significación para todos los uruguayos por igual. La reacción del oficialismo ante el fallo de la Suprema Corte que no satisfacía sus aspiraciones fue tan ruidosa como lamentable. Ante una decisión adversa, no dudó un solo instante en presionar indebidamente, atacar y hasta tratar de intimidar al tribunal con manifestaciones y escraches, sugiriendo incluso la vía del juicio político para remover a sus miembros por estar en desacuerdo con el criterio seguido. Como si la Justicia fuera apenas un agente del poder político, cuando en las democracias es, por definición, un poder independiente que, por ende, debe actuar con imparcialidad y más allá de las presiones de los otros poderes del Estado, desde el gobierno y su entorno se agredió el principio de la separación de poderes, lo que en Uruguay es inédito. La gravedad de la situación obligó a que tres recientes ex presidentes, Julio María Sanguinetti, Jorge Batlle y Alberto Lacalle debieran salir a alertar públicamente a la población sobre las consecuencias de no respetar la independencia del Poder Judicial y de la actitud de agraviar infundadamente al máximo tribunal oriental. Obviamente esas conductas le hacen mal a las instituciones de toda democracia. El respeto al principio de equilibrios y contrapesos entre los tres poderes del Estado, mecanismo esencial de las democracias, estaba por quebrarse. La alarma que supuso la veloz acción coordinada de los tres ex primeros mandatarios uruguayos puso oportunos paños fríos sobre la situación, lo cual parecería haber aplacado las actitudes hostiles y las de corte revanchista, al menos por el momento. Lo cierto es que en Uruguay, ahora, se ha respetado la reiterada decisión popular de no seguir anclados en el resentimiento y empantanados en el pasado, y transitar, en cambio, el camino fértil de la reconciliación y el sereno entendimiento. Como muchas veces lo hemos destacado desde estas columnas, la lectura correcta de la historia exige una visión integral y comprensiva de los acontecimientos de violencia extrema que sufrió toda la región en los años setenta. La paz social, entonces, es una condición para cualquier gobierno que se proponga un mejor futuro, porque la confrontación no debe volver, y así lo ha comprendido y demostrado con su voto el pueblo uruguayo en repetidas oportunidades. Con su fallo, la Suprema Corte de Uruguay ha expresado que no se pueden utilizar las normas derivadas de las convenciones internacionales para intentar destruir los principios esenciales del Estado de Derecho, uno de los cuales, entiende, es el de la irretroactividad de las leyes penales, cualquiera que sea su naturaleza.. LA NACION 16/3/2013