La historia que nadie quiere volver a oír

Jorge Fernández DíazLA NACION

Domingo 12 de febrero de 2017

"Desde octubre de 1975, bajo el gobierno de Isabel Perón, nosotros sabíamos que se gestaba un golpe militar para marzo del año siguiente. No tratamos de impedirlo porque al fin y al cabo formaba parte de la lucha interna del movimiento peronista." La frase pertenece a Firmenich, es una admisión pública de que la conducción de "la juventud maravillosa" prefería los militares de la dictadura a la represión ilegal de su propio partido y también de que hasta entonces los 70 eran leídos principalmente como una monstruosa interna armada entre "compañeros". Se trata de una confesión periodística, y por lo tanto algunos kirchneristas folklóricos podrían aducir que es otra mentira de la prensa hegemónica. Hay un problema: el periodista que entrevistó entonces a Firmenich era Gabriel García Márquez, y consta en la página 106 de su libro Por la libre.

La flagrante falsificación de la historia de aquellos años fue anterior al kirchnerismo, y en esa operación cultural de la negación estuvimos casi todos involucrados. Mi generación anhelaba el enjuiciamiento de los terroristas de Estado que a partir de 1976 habían organizado una cacería repugnante, y fue entonces porosa a la idea de no revolver la prehistoria para no justificar a los represores, cuyo plan sistemático ya está en los anales de la aberración universal. Raúl Alfonsín, con su mira en la gobernabilidad, tampoco quiso ir a fondo con las responsabilidades que le tocaron al peronismo. Cualquier crítica a la guerrilla era galvanizada bajo el insulto de "la teoría de los dos demonios", y así fue como con el correr de los años se instaló una serie de mentiras inconmovibles: Perón nada tuvo que ver con la Triple A ni con la criminal escalada contra la izquierda peronista, y murió perdonando a los que mataron a Rucci; las acciones de su secretario privado, su esposa y sus amanuenses sindicales y políticos fueron independientes, fruto de sus propias iniciativas. Y los setentistas eran pibes tiernos que dieron su vida para cambiar el mundo y además lumbreras de la política nacional.

Durante doce años, los Kirchner no hicieron más que montar una siniestra glorificación de aquella "gesta", mientras impulsaban algo necesario: el castigo judicial a los responsables del Proceso. Hoy la inmensa mayoría de esos jerarcas están condenados y asoma por primera vez la posibilidad de un revisionismo sin miedos ni prohibiciones.

Marcelo Larraquy, un historiador incontaminado de cualquier narrativa de encubrimiento, prepara un libro monumental sobre la violencia política y ya anticipó en Los 70, una historia violenta algunos datos que habían sido cuidadosamente sustraídos de la memoria. No sólo demuestra las demenciales y homicidas faenas de la JP montonera y las ideas calamitosas de una camada que siempre se ha autoproclamado como la más brillante del siglo XX, sino que pone el dedo en la llaga al recordarnos qué hizo Perón cuando se le rebelaron.

La primera reacción ocurrió el 1º de octubre de 1973. Dictado por su propio líder, el Consejo Nacional del PJ elaboró un documento que decía: "El Movimiento Justicialista entra en estado de movilización de todos sus elementos humanos y materiales para enfrentar esta guerra. Debe excluirse de los locales partidarios a todos aquellos que se manifiesten en cualquier modo vinculados al marxismo. En todos los distritos se organizará un sistema de inteligencia al servicio de esta lucha". Quien firmaba el texto era a un mismo tiempo presidente electo y máxima autoridad del órgano partidario.

A partir de su directiva comenzó un impiadoso operativo de "depuración", que consistió en una feroz persecución de los "infiltrados". Perón obligó al justicialismo a entrar en combate y delación, dio luz verde para que el sindicalismo ortodoxo hiciera "tronar el escarmiento" y batallara a sangre y fuego al gremialismo clasista en las fábricas, instruyó a López Rega para que armara un grupo parapolicial dentro del Estado; le dio amplios poderes al comisario Alberto Villar, que llevaría a cabo la represión ilegal, y ascendió a los hombres fundamentales de lo que sería la Triple A. Enseguida sobrevendrían la primera lista de "condenados" a muerte y los atentados con metralleta y explosivos, y una serie de golpes destituyentes a gobernadores legalmente elegidos en las urnas, pero con simpatías por la Tendencia Revolucionaria: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta y Santa Cruz.

Perón tampoco se guardaba nada. Les dijo a sus militantes que no debían permitir que se introdujeran ideologías y doctrinas "totalmente extrañas a nuestra manera de sentir": "¿Qué hacen en el justicialismo? Porque si yo fuera comunista me voy al Partido Comunista y no me quedo ni en el Partido ni el Movimiento". A esa altura, el General no hacía distingos entre el ERP y Montoneros. Envió al Congreso una reforma del Código Penal para endurecer las penas contra la "subversión", superando incluso la severidad de la dictadura de Lanusse. "A la lucha, y yo soy técnico en eso, no hay nada que hacer más que imponerle y enfrentarla con la lucha -dijo Perón-. Nosotros, desgraciadamente, tenemos que actuar dentro de la ley, porque si en este momento no tuviéramos que actuar dentro de la ley ya lo habríamos terminado en una semana... Pero si no contamos con la ley, entonces tendremos que salirnos de la ley y sancionar en forma directa, como hacen ellos... Porque formo una fuerza suficiente, lo voy a buscar a usted y lo mato. Si no tenemos la ley, el camino será otro. Y les aseguro que puestos a enfrentar la violencia con la violencia, nosotros tenemos más medios para aplastarla, y lo haremos a cualquier precio."

Por televisión, Perón pronuncia en esos días la palabra "aniquilación". Luego dice: "La decisión soberana de las grandes mayorías nacionales de protagonizar una revolución en paz y el repudio unánime de la ciudadanía harán que el reducido número de psicópatas que va quedando sea exterminado uno a uno para el bien de la República".

El mensaje hacia adentro y hacia afuera no podía ser más contundente. Bandas compuestas por policías y delincuentes comunes, pesados de la GGT y las 62 Organizaciones, y dirigentes justicialistas de grueso calibre actuaban bajo las consignas del momento: macartismo, espionaje, purga, guerra, exterminio y aniquilamiento. La crónica de esos sucesos se entrelaza con la carnicería montonera, que vengaba cada muerto con fusilamientos y bombas. Los setentistas, a posteriori, intentaron dos camelos: separar a Perón de la persecución ilegal presentándolo como un hombre enfermo y manipulable, y luego relativizar la inquina que les había tomado. Es que pretendían seguir usufructuando el mito, y verdaderamente lo lograron, a pesar de toda evidencia. Perón tuvo lucidez plena hasta tres días antes de su muerte, expiró odiando con toda su alma a los "estúpidos e imberbes" y dejó como misión borrarlos del mapa. No otra cosa hicieron su viuda y su secretario, que continuaron su política.

Los conceptos públicos de Perón serían luego utilizados y perfeccionados por las Fuerzas Armadas. Montoneros no hizo nada para frenar el golpe; por lo tanto, también fue cómplice de la noche más larga y oscura. El justicialismo cometió crímenes de lesa humanidad, que nadie se atrevió a juzgar: hubo en ese período cerca de mil desaparecidos y más de mil quinientos muertos, y el financiamiento de esa masacre surgió del erario. Casi todos son culpables en esta historia de clisés e infames falacias que nadie quiere volver a escuchar.

Los juicios de “lesa humanidad”

artículo publicado

diciembre de 2015

Los juicios de “lesa humanidad”: un desafío para la justicia

Entre los muchos problemas que le esperan al nuevo gobierno hay uno que es a la vez urgente y profundo: los juicios de lesa humanidad, que se vienen realizando desde 2005. Diez años después, de los 2200 imputados, solo 700 recibieron sentencia, en un 90% de los casos condenatoria. Los juicios no tienen perspectiva de terminar, y la lista de imputados sigue abierta. La mayoría están detenidos, y más de 300 ya han muerto en las cárceles, sin recibir el beneficio de la prisión domiciliaria, concedida por ejemplo a Arquímedes Puccio. La persecución a los imputados y su discriminación -tan lejos de cualquier principio de los derechos humanos- llega al extremo de que no se les permite ser atendidos en el Hospital Militar o el Hospital Naval.

Por otro lado, muchos testimonios indican que estos juicios distan de ser impecables, como sí lo fueron los juicios a las Juntas de 1985. Aunque pocos se atreven a expresar públicamente una opinión contraria a la corrección política dominante, hay diversos testimonios de peritos y funcionarios intervinientes, así como de familiares, referidas tanto al juicio como a las condiciones de detención. También están, para ser examinados, los expedientes, con sus sentencias.

No estoy opinando acerca de la culpabilidad de los imputados y de las penas que merecerían, ni de otro tema igualmente importante: qué aportaron estos juicios acerca del destino de los desaparecidos. Aquí me ocupo solo de la justicia y de los derechos humanos, las dos bases del sistema democrático institucional construido en 1983. Un balance global indica que estamos ante una flagrante violación de los derechos humanos y ante un ejercicio del poder estatal de punición muy alejado del Estado de derecho.

El punto de referencia sólido son los juicios a las Juntas de 1985. Raúl Alfonsín se comprometió a juzgar y castigar, en el marco estricto de una justicia independiente, a los principales responsables del terrorismo clandestino de estado y de las organizaciones armadas. Con ello afirmó la legitimidad y potencia de la justicia, piedra angular del estado de derecho, e instrumentó una solución posible, ejemplar, rápida y definitiva para un conflicto cuya perduración afectaría la construcción de la democracia.

Pese al momento, quizá proclive al jacobinismo, los procedimientos judiciales se respetaron a rajatabla. No hubo “tribunales especiales”; la fiscalía seleccionó, de entre todas las denuncias, un número reducido de casos adecuadamente probados; cada parte fue escuchada; el fallo desechó muchos de los casos presentados, sopesó las pruebas, y aplicó condenas diferentes para cada acusado. Los fundamentos fueron enjundiosos.

El fallo castigó a los principales responsables del terrorismo de Estado, demostró que la justicia podía acabar con la impunidad y reveló los horrores a los que una sociedad se expone cuando abandona el camino de la ley y la justicia. Pero además, mostró de manera concreta qué cosa es el gobierno de la ley, pilar sobre el que debía sustentarse la nueva democracia.

Llegar a este final fue una verdadera hazaña, pues las resistencias fueron muchas, desde la intención del candidato justicialista de aceptar la autoamnistía militar a la intransigencia de las principales organizaciones de derechos humanos, que finalmente no integraron la Conadep. Los militares no aceptaron juzgar a sus camaradas, y en 1987 se negaron a que oficiales en actividad fueran citados a juicio. El levantamiento de Semana Santa reveló la impotencia de un poder civil todavía no consolidado; su consecuencia fueron las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, juzgadas por la opinión pública, no sin algo de razón, como un fracaso del gobierno civil. En la memoria social, la ley de Obediencia Debida es considerada mas relevante que el Juicio a las Juntas.

Cuando se reabrieron los juicios, en 2005, la idea de justicia había sido desplazada por la de retaliación o revancha. La acompañó otra: exhibir la capacidad del poder político para ponerse por encima de las leyes que lo regulan, o dicho de otro modo, su capacidad para la arbitrariedad.

El deslizamiento de la justicia a la venganza resultó de la gradual confluencia de dos grupos: el sector más intransigente de los militantes de derechos humanos y aquellos que retomaron, al menos simbólicamente, la tradición ideológica y política de los años setenta. Las “víctimas inocentes” del terrorismo de Estado fueron reivindicadas como militantes heroicos , y sus herederos cambiaron la defensa de los derechos humanos, la ley y la vida por el reclamo de la justicia del Talión.

Néstor Kirchner percibió el potencial político de este sector crecientemente faccioso, capitalizó la idea de la venganza justiciera y la integró a su proyecto de construcción de poder. Manipuló ideas imprecisas y sentimientos difusos, se apropió de objetivos, discursos y símbolos y hasta encontró la retribución adecuada -simbólica y material- para que las organizaciones emblemáticas se le sumaran. La llamada política de derechos humanos sirvió para entusiasmar a los partidarios, disciplinar a los indecisos y atemorizar a la opinión independiente.

En muchos de estos juicios la justicia está hoy lejos de la imparcialidad e ignora el principio de igualdad ante la ley, como en el caso del general Milani. La condena parece decidida a priori, y cada uno cumple su papel siguiendo un guión: abogados que orientan a los testigos, fiscales “militantes”, defensores presionados y jueces que se dividen entre militantes y timoratos.

Lo más débil son las sentencias. A menudo, la única prueba es el recuerdo de un testigo; alguien que, casi cuarenta años después, afirma haber visto al acusado en el lugar en donde era torturado. Con ese testimonio único y endeble se ha condenado a muchos, considerados “partícipes necesarios”, sin necesidad de probar qué es lo que hicieron. Se parte de la presunción de culpabilidad y se le pide al acusado que demuestre su inocencia; así se invierte la carga de la prueba, eliminando una de las garantías básicas del debido proceso. Seguramente no todos los casos han sido así. Pero solo con algunos basta para alarmarse y reclamar que el tema se incluya en la agenda pública.

Por otro lado, en estos juicios hubo una singular teatralización de la justicia. La majestad de la ley dejó su lugar a la exhibición de la discrecionalidad e impunidad de un poder político que controla cada paso del proceso, y los rodea de una especie de festival de la venganza, en el que tribunas vociferantes presionen a los testigos y a los jueces, y “escrachen” a los acusados y sus defensores. La teatralización remite al clima faccioso generalizado, a la decisión política de llevar el enfrentamiento al límite, y a la explotación del deseo primario de tomar revancha sobre los antiguos victimarios.
Pero hay algo más. La impunidad y la arbitrariedad son dos de los nombres del poder. Hacer gala de ellas es un poderoso disuasivo y un instrumento disciplinador. Se trató de mostrar y escenificar cuánto valor asigna a la justicia y a las instituciones un gobierno convencido de que el pueblo con su voto le ha confiado la suma del poder. Probablemente allí resida la lógica profunda del gobierno que ahora termina.

En un prolijo informe sobre el estado de los juicios, la Procuraduría General señala que 227 imputados murieron en prisión “con el sello de la impunidad”, casi como si se hubieran escapado. La frase expresa el sentido profundo de estos juicios: los imputados son culpables, deben pagar aún antes de ser condenados, y la punición debe estar por encima de las garantías asentadas en la Constitución, los códigos y la práctica judicial. Todo tiene un amargo regusto a venganza.

El justo castigo es un principio fundamental. Pero no puede ser el único. Para que los horribles sucesos no sucedan nunca más, no basta con castigar a los culpables; también hay que crear las condiciones para que los crímenes abominables no se repitan. Esto solo es posible cuando hay una sólida convicción ciudadana sobre la imparcialidad de la justicia y el gobierno de la ley. Una condena solo es legítima cuando hay pruebas fehacientes, más allá de toda duda razonable. La eventual impunidad de algunos, cuya culpa no pudo ser probada, es un precio a pagar para sostener los principios de la justicia. Hacia allí apuntaron los juicios de 1985, que acompañaron la construcción de una democracia institucional. ¿Cuánto queda hoy de aquel proyecto de 1983?

El nuevo gobierno hereda el problema, que tiene distintos aspectos. Hay uno urgente: la situación de los imputados y condenados ancianos, privados de su derecho a la detención domiciliaria, a un tratamiento médico adecuado y a un digno final de su vida. Ni los imputados ni los condenados pueden seguir muriendo en las cárceles.

Los juicios abiertos no pueden durar eternamente. Hay que acelerar su tramitación, hay que cerrar la lista de imputados -una sociedad no puede vivir con esa espada de Damocles, administrada hasta ahora por personas de dudosa integridad- y sobre todo, hay que poner alguna fecha para que los juicios estén terminados.
También está el problema de la justicia. No se puede construir el Estado de derecho ni sobre la injusticia ni sobre la duda. Son muchos los que objetan las sentencias. Deberían ser revisadas, separando las correctas de aquellas jurídicamente insostenibles, y sería bueno convocar a juristas internacionales, de probada capacidad y ajenos al juego político local, que ha enturbiado las causas.

Lo último, y lo más difícil: hay que iniciar un debate amplio que -sobre la base de la justicia- ayude a encontrar el camino para que una sociedad dividida por el pasado cierre ese capítulo. El debate está hoy obturado por el clima faccioso característico del ciclo que ahora acaba. Es la hora de que se expresen las voces que permitan discutir este problema en términos diferentes a los actuales.

Publicado en Criterio

Etiquetas: Estado de derecho, Juicios de 1985, Juicios de lesa humanidad, Justicia

NUESTROS PRESOS POLÍTICOS

NUESTROS PRESOS POLÍTICOS

Por Silvio Pedro Pizarro en Habla la Experiencia
http://silviopedropizarro.*****************/



El día 9 de noviembre de 2015 recibí una información del Teniente Coronel ® Emilio Guillermo Nani, cuya lectura me conmovió. Me comprometí a difundirla y de esa manera perseverar en la defensa de los Presos Políticos que emprendí en mi blog "Habla la experiencia". Ver los títulos "Pesas para la balanza", "La Corte Suprema de Justicia en su salsa" y "El Placer de la venganza" (I,II,III,IV, V y VI). Hago saber a algunos de mis contactos que el Teniente Coronel Nani es un héroe de las Malvinas y del combate del cuartel de la Tablada, enero de 1989, por el cual recibió una medalla honorífica del Presidente Alfonsín en la que se leía.“La Nación Argentina al herido en combate” En el año 2001 ante un decreto que liberaba a los guerrilleros, esa medalla fue devuelta por Nani al Presidente de la Rua. Transcribo a continuación el mail recibido:

-"En la playa oscura de Malvinas se distinguía una pequeña luz: era el teniente de fragata Carlos Robbio, un buzo táctico que con su linterna marcaba el lugar para el desembarco de la tropa.

Según los registros oficiales de la “Operación Rosario”, la vanguardia tocó tierra malvinense exactamente a la Hora Hotel [las 6.30]...
Recibió la Medalla "La Nación Argentina al Valor en Combate", la segunda más alta condecoración militar propuesta por la República Argentina.

La misma expresa: "Reconócese la actuación en la Guerra del Atlántico Sur por sus relevantes méritos, valor y heroísmo en defensa de la Patria."
El 2 de noviembre de 2015 fue sacado preso de su lugar de trabajo civil en Salta, como si fuese el más peligroso de los delincuentes, acusado por lesa humanidad.

Preguntas para pensar ¿Qué responsabilidad de mando le podía caber a un teniente de fragata para ser acusado de semejante aberración? ¿Este es el reconocimiento para quienes con valor expusieron su vida por la Patria? Esto pasa mientras la Justicia no les llega a los responsables de saquear la República.-"

Este hecho aberrante como bien dice Nani, no es el único caso, ya que también a Horacio Losito, Carlos Arroyo, Enrique Stel, Eduardo Enrique Barreiro, todos subtenientes en 1976, jòvenes de 20/21 años en esa época, los encarcelaron por el mero hecho de pertenecer al Ejército y el placer de desmalvinizar a la sociedad argentina haciendo el juego a los ingleses.

Uno de ellos, el funcionario del gobierno tucumano a cargo de Seguridad Privada, Coronel ® Stel, fue detenido el 13 de marzo del 2014 en el aeropuerto Benjamín Matienzo por una orden de captura de la Justicia Federal de Bahía Blanca. Se le acusó por “presuntos" delitos de lesa humanidad. Se lo trasladó al penal de Villa Urquiza, desde donde fue trasladado a Bahía Blanca.

Stel es veterano de guerra. Peleó en Malvinas bajó las órdenes de Aldo Rico. Además, el ex coronel estuvo a cargo del Liceo Militar Aráoz de La Madrid y al retirarse de este cargo asumió en la oficina de control de Seguridad Privada del Gobierno Provincial.

Tenía 20 años a la fecha de los hechos que se investigan, era Subteniente del Arma de Comunicaciones y se desempeñaba como jefe de sección de la Compañía Alámbrica del Batallón de Comunicaciones 181. Por ese cargo se lo imputó, pero se lo procesó por otro, por ser jefe de sección de una Compañía de Infantería dedicada a la lucha antisubversiva. Ver "El placer de la venganza".
La hija del Coronel Juan Carlos Jones Tamayo, María Guadalupe se pregunta angustiada, "¿Dónde están los derechos humanos?" y en su carta al diario La Nación nos dice:

"Soy hija del coronel Juan Carlos Jones Tamayo, preso político en la cárcel de Salta. Tiene 72 años, es diabético, tiene problemas de presión y para él, como para otros en su misma situación, no corre la prisión domiciliaria por tener mas de 70 años. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿O sólo se miden con el ojo izquierdo? Envié correos electrónicos a todos los candidatos y no tuve respuesta de ninguno. Yo quiero saber cuál es la postura de cada uno de ellos sobre este tema. Sólo me llego un mail de Macri titulado "Soy totalmente optimista", en el que habla del futuro de los argentinos, pero sin aclararme su posición. Quiero respuestas y no mensajes decorados con lindas palabras, no estoy sola... somos más de 1800 familias esperando una respuesta antes de dar nuestro voto." Ver "El placer de la venganza (II).

Es un caso similar al que me he referido con respecto al Coronel Enrique Stel, prisionero sin causa, sin proceso, sin pruebas, por un "presunto" delito de lesa humanidad cometido hace 36 años.

Por orden del juez federal subrogante de Bahía Blanca Alejo Ramos Padilla, el presidente de la Cámara Federal de esa ciudad, Néstor Luis Montezanti, fue citado a prestar declaración indagatoria en una causa donde se investigan crímenes de la Triple A. Montezanti es, además, profesor de la Universidad Nacional del Sur.

Ramos Padilla entendió que hay sospechas de que Montezanti estaba vinculado con la Triple A y con el secuestro y torturas que sufrió Jorge Riquelme Esparza, de la Juventud Peronista.

Se pretende juzgar y condenar, por descontado, al Presidente de la Cámara Federal por sospechas de un posible secuestro de hace más de cuarenta años. Es inaudito.

La Cámara Federal de Bahía Blanca había designado al juez Santiago Ulpiano Martínez al frente del juzgado bahiense, pero el Consejo de la Magistratura, con el voto de la mayoría kirchnerista mas el decisivo voto doble de la jueza Gabriela Vázquez, lo desplazó y designó transitoriamente a Ramos Padilla. Se trata de un magistrado consustanciado con el kirchnerismo que desde su inicio en el cargo continúa los procedimientos ilegales destinados a incrementar las estadísticas de militares, a los que agrega civiles, con el objeto de promocionar la acción del gobierno en su mentada lucha por los derechos humanos. En el caso del Coronel(R) Enrique Stel, dimos a conocer la total falta de garantías de su proceso, justamente en Bahía Blanca, donde fue designado dicho juez. Por dicho motivo el acusado lo ha recusado manifestando su notoria parcialidad. En diversas oportunidades el juez Ramos Padilla realizó públicos comentarios sobre distintas personas sometidas e estos ilegales procesos para que a ninguna de ellas le fuera concedido el arresto domiciliario. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado que "La imparcialidad objetiva exige que el tribunal o juez ofrezca las suficientes garantías que eliminen cualquier duda acerca de la imparcialidad observada en el proceso", lo que es típicamente aplicable al caso de Stel. Ver "El placer de la venganza (IV).

En mi artículo del 3 de julio del corriente año advertía que "la remoción de jueces, medida inconstitucional de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura ha entrado ahora en el terreno de suplantar jueces a cargo del procesamiento a militares acusados de represión por terrorismo de Estado.

Como dijimos anteriormente, el kirchnerismo dio el primer paso para remover al juez subrogante de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, que tiene a su cargo, casualmente, entre dichas causas, un expediente sobre las facturas falsas donde se investiga al empresario Lázaro Báez.

En su lugar fue designado el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, afiliado a Justicia Legítima."

No es necesario aportar más pruebas para afirmar con certeza los propósitos de venganza que viene ejerciendo el gobierno bajo el lema de la Presidente "vamos por todo". Lo preocupante es que a la venganza se suma la perfidia y la maldad en el tratamiento de los procesados sometidos a un hacinamiento inhumano cada vez más intolerable debido a la avanzada edad de la mayoría.

Continuaremos repitiendo la fúnebre estadística. En esas condiciones ya murieron más de 323 presos.

Finalmente , no puedo dejar de recordar una frase del famoso jurista austríaco Hans Kelsen :

"Cuando los vencedores juzgan a los vencidos amañando y falseando los procedimientos judiciales para que conduzcan a una segura condena, entonces es cuando la justicia se convierte en venganza."

Estos casos, basados en hechos reales, son más que suficientes para delatar la injusticia lacerante que se cierne sobre seres humanos, la mayoría de edades superiores a los 70 y 80 años.

Tenemos que aceptar que hubo una guerra entre terroristas y fuerzas armadas gubernamentales, en que estas últimas vencieron. Diversas circunstancias incidieron para que el gobierno militar de facto resolviera el llamado a elecciones que dieron por resultado la recuperación del orden democrático

Los miembros de la Junta Militar del Proceso de Reorganización Nacional que gobernaron al país desde 1975 a1983, fueron acusados por represión y crímenes de lesa humanidad, y condenados.

Una evaluación simplista y política de los derechos humanos durante el gobierno de Néstor Kirchner calificó a un terrorismo de Estado y omitió el otro terrorismo que asoló al país con tomas de cuarteles, asesinatos, secuestros y torturas.

Tanto el Presidente Néstor Kirchner como su esposa y sucesora Cristina Fernández hicieron de los derechos humanos una bandera símbolo, para sus campañas políticas. Lo que en un principio se conoció como investigación y juzgamiento, se convirtió en venganza y condena.

La substanciación de los juicios a que son sometidos militares por el sólo hecho de portación de uniforme es inconstitucional y nos retrotrae a la creación de tribunales especiales con la única finalidad de condenar. Tener en cuenta que, como son calificados delitos de lesa humanidad, han sido declarados imprescriptibles, por lo que nos encontramos con que la gran mayoría de las acusaciones se realizan por delaciones verbales de sospechosos o falsos testigos que manifiestan haber sido informados sobre delitos de lesa humanidad cometidos por militares hace más de 40 años.

Los juicios “especiales” se realizan vulnerando reglas internacionales del derecho penal, como la imprescriptibilidad, la retroacrividad penal No rigen los principios de responsabilidad penal individual y el de la presunción de inocencia. Las `pruebas se basan en declaraciones de terceros como falsos testigos. Todo preparado para un juicio armado con im****ciones por presuntos delitos.

Los procesos duran años y los sospechosos ya viven su condena en prisiones hediondas, torturados, alejados de sus familias y con un abandono total y premeditado de su salud. No se respeta su edad, no se respeta su condición humana. Hay más de 2000 presos políticos que por sus condiciones de hacinamiento y desprotección sanitaria van muriendo en su cautiverio.

Familiares, organizaciones, y amigos han escrito cartas al Papa Francisco, al Nuncio, al Arzopispo de Buenos Aires, sin ninguna respuesta esperanzadora.
No satisfecha la Presidente con la persecución a ultranza de los que denomina sus enemigos, está por aprobarse en estos momentos un proyecto de ley insólito. Se parece mucho a las comisiones especiales que están prohibidas por la Constitución nacional, semejantes o similares a las que se forman prácticamente para condenar a los militares. Este proyecto permite la creación de la denominada "Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la última dictadura militar para la búsqueda de la verdad, la memoria, la justicia, la reparación y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia."

Es inexplicable que el Poder Judicial permanezca ajeno a esta gravísima situación, a toda vista inconstitucional y aberrante ,

Hasta la Corte Suprema de Justicia se ha desentendido del problema, a tal punto que convalidó una resolución del Ministerio castrense que prohibió "la internación y/o asistencia ambulatoria" en hospitales militares o unidades de salud dependientes de las Fuerzas Armadas, de personas condenadas penalmente o procesadas con privación preventiva de la libertad que tengan o hayan tenido estado militar, al declarar “inadmisible" un habeas corpus. elevado para su decisión. Ver “La Corte Suprema de Justicia en su salsa”.

El abogado argentino Mario Sandoval fue acusado por el gobierno de represor por “presunto secuestro”, por lo que sintiéndose perseguido político se exilió en Francia, donde en 1994 adquirió la ciudadanía francesa. La venganza de la presidente la llevó a pedir su extradición, que fue denegada por las Cortes francesas. Prestigioso intelectual, se abrió camino en Francia en los medios políticos llegando a formar parte del gabinete del ex presidente Sarkozy.
Hace poco tiempo Sandoval se dirigió a los presos políticos en términos que hacemos nuestros:

“A los hombres y mujeres, Prisioneros Políticos, muertos en cautiverio en las cárceles del pueblo del gobierno Argentino, por haber protegido frente a la barbarie, la sociedad, las libertades y las instituciones en los años 70. A esos padres, esposos, hijos, hermanos, ciudadanos…, 286 personas que a la fecha fueron exterminados por la justicia y por una política de Estado.

Queridos amigos: Sé que ya no están para escucharnos, pero espiritualmente están vivos, nos dejaron recuerdos imborrables en cada momento de sus vidas. Gracias, porque vuestra presencia sigue cerca de nosotros, siempre nos acompañará, nos dará fuerza, nos guiará para obtener justicia en nombre de todos los prisioneros y perseguidos políticos. Acepten el pedido de perdón por nuestra ausencia en los momentos cruciales, dado que no hicimos nada para impedir la persecución que ustedes vivieron, sufrieron y que abandonados por la sociedad murieron en silencio, en donde las obligaciones positivas del Estado fueron inexistentes. Solo la familia y reducidos amigos, estuvieron hasta último momento. Tenemos una deuda con vosotros.

Asumieron con honor la discriminación, las numerosas violaciones jurídicas, los ataques virulentos de militantes y asociaciones radicalizadas, como también el sufrimiento infligido por un Estado totalitario quien actuando en nombre de los derechos humanos utilizó mecanismos y métodos contrarios a los principios esenciales de justicia. Otra forma de terrorismo. Hemos observados pasivamente, de manera indiferente y hasta cobarde, como se llevaron a cada uno de ustedes, violando sus derechos, atacando sus familias, destruyendo sus vidas. Preferimos mirar para otro lado, guardar silencio, no perder nuestros privilegios, dejar de lado nuestros valores y hasta asociarnos con el diablo por conveniencia. ¿Hasta cuándo dejaremos que ello continúe? ¡Ya en décadas recientes, ciudadanos ejemplares padecieron el sufrimiento inhumano hasta la muerte en las cárceles del pueblo de las organizaciones terroristas! Ustedes acompañaron estoicamente la profecía: “No tengas miedo por lo que vas a padecer…. Permanece fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida”. Esa conducta es un ejemplo, un honor para vuestras familias y la sociedad no debe olvidar que estos hombres y mujeres, deben ser recordados como víctimas de la venganza de un gobierno. “

En este mensaje hay un sentimiento de culpa por la indiferencia de la sociedad ante una injusta situación de venganza que se sigue ocultando.

En todos los debates, entrevistas y opiniones que se realizan diariamente en las radios y canales de televisión con motivo de las elecciones nacionales del 25 de octubre y el ya cercano ballotage, no se ha escuchado de ningún candidato presidencial una sola mención al problema que estamos exponiendo. Y lo que es más llamativo y desolador, a nuestro entender, es que periodistas prestigiosos y avezados no hayan formulado preguntas al futuro presidente, sobre las decisiones que tomaría en el caso real y candente de estos juicios.

Sí. es cierto, somos todos culpables, pero nos queda la esperanza, cada día mas a nuestro alcance, de la transformación de nuestro país por obra de un nuevo gobierno democrático que nos dé paz, justicia y moral, con la bendición de Dios. Así pagaremos la deuda que tenemos con nuestros Presos Políticos

Reconciliación, indultos y amnistías

Es imperioso reemplazar las ansias de venganza por la disposición a perdonar desde el conocimiento íntegro de la verdad, midiendo a todos con la misma vara.
Conforme el derecho internacional, todos los Estados tienen la obligación de investigar los delitos de genocidio, de lesa humanidad, así como los crímenes de guerra, que no son otra cosa que delitos de lesa humanidad perpetrados durante un conflicto armado interno. La Argentina ha cumplido sólo parcialmente esa obligación, ya que existe una enorme impunidad respecto de los crímenes de guerra cometidos por los terroristas durante el conflicto armado interno de la década del 70. Esto último viola las obligaciones del Estado argentino con las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos.
La existencia de esa obligación supone que los indultos y amnistías respecto de los delitos antes referidos son en principio violatorios del derecho internacional. Así lo han decidido los tribunales penales internacionales, como el constituido respecto de la ex Yugoslavia en el caso "Prosecutor vs. Furundzija", en el que se resolvió que las amnistías nacionales respecto de los responsables de crímenes de guerra no pueden ser reconocidas por el derecho internacional. Lo antedicho ha sido también decidido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1994, respecto de la amnistía decretada por El Salvador el 20 de marzo de 1993. El principio es claro: la impunidad está prohibida por el derecho internacional respecto de todos los delitos antes señalados. Sin embargo, para algunos, esa prohibición no es absoluta. Las propias normas del derecho humanitario internacional aconsejan que al final de los conflictos se conceda una amplia amnistía a las personas que participaron en los conflictos armados porque ello facilita la liberación de los prisioneros y el regreso de los refugiados, aunque sin generar en forma paralela impunidad respecto de los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra.
Nuestra Constitución Nacional confiere expresamente al Poder Ejecutivo la facultad de indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal y, al Poder Legislativo, la capacidad de amnistiar. Sin limitaciones. No obstante, en julio pasado se sancionó una ley que prohíbe amnistiar, indultar o conmutar las penas respecto de los delitos de genocidio, lesa humanidad o crímenes de guerra. Cabe preguntarse en primer lugar si esa norma era necesaria, en virtud de todo lo antedicho. Y, en segundo término, si no conforma una reforma constitucional encubierta.
Cuando se cierra una década en la que nuestro país ha avanzado sólo parcialmente respecto de su deber de investigar los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, deber que incluye los delitos cometidos por el terrorismo y no solamente por los agentes del Estado, cabe cuestionar la oportunidad y necesidad de su sanción, ya que el tema está específicamente cubierto por el derecho internacional.
Lo cierto es que, después de más de una década de siembra constante y perversa de resentimientos, odios, divisiones y enfrentamientos entre los argentinos, nuestro país tendrá pronto una oportunidad para promover la reconciliación. Todo lo contrario a separar o dividir, puesto que reconciliar supone integrar, unir y acercar. La Universidad Católica Argentina (UCA) ha venido haciendo esfuerzos en esa dirección, en consonancia con la posición de la Iglesia desde los tiempos en que el papa Francisco era arzobispo de Buenos Aires.
El tema de las amnistías e indultos no es nuevo. Cabe recordar que en 1973 el entonces presidente Héctor Cámpora disolvió la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, liberando y amnistiando a los terroristas que habían sido objeto de condenas por crímenes de guerra, o sea por delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno de los 70. Resulta evidente que la referida amnistía no contribuyó a pacificar el país. Todo lo contrario. La violencia continuó lastimándonos profundamente como nación. Pareciera estar llegando la hora de comenzar a revisar las fundadas acusaciones de manipulación de los procesos e investigaciones en materia de delitos de lesa humanidad, incluidas las etapas probatorias. Y de asegurarnos que todas las condenas que se han pronunciado están respaldadas por procesos que acrediten que las acusaciones formuladas se han probado como corresponde, en todos los casos. Esto es, más allá de toda duda razonable.
Es tiempo también de examinar lo actuado por el Gobierno en este campo, con el propósito de asegurar los avances, detectar los errores y abusos cometidos y poner fin a cualquier vestigio de impunidad. Desde que el tipo de delitos a los que nos referimos es imprescriptible, ésos son pasos necesarios para ingresar con la apertura y generosidad del caso en la etapa superadora que supone, luego de conocida la verdad, transitar hacia una reconciliación y pacificación que nos permita caminar juntos hacia el futuro en el clima de amplia unidad que supone la decisión de reconciliarse.
Nos referimos a un cambio profundo de rumbo, para el cual es imperioso reemplazar las ansias de venganza por la disposición a perdonar a partir del conocimiento íntegro de la verdad, asegurando el respeto al debido proceso legal y el imperio cabal de la ley. Con la misma vara para todos y sin que el objetivo real sea el de escarmentar, sino el de acercarnos los unos a los otros desde la compasión y la indulgencia, para poder dejar definitivamente atrás la violencia del pasado..

LA NACION

Lesa venganza

Lesa venganza

Frente a la vulneración de principios legales universales en causas judiciales, es necesario recordar que ni el odio ni el rencor podrán reemplazar a la Justicia 

Ríos de tinta corren a diario para dar cuenta de infinidad de causas judiciales que se tramitan en distintos fueros sin que el ciudadano común pueda muchas veces comprender o dimensionar la gravedad que la vulneración de principios legales universales desde los estrados puede implicar. No está de más continuar alertando respecto de cómo el objetivo de impartir justicia se diluye cuando la ideologización o el fraudulento armado de causas se constituyen en andamiaje del odio y la venganza en una sociedad.

A lo largo de los últimos ocho años, estas columnas se han hecho eco del reclamo de la familia del doctor Jaime Smart - internado en la cárcel de máxima seguridad del Complejo Carcelario de Marcos Paz y próximo a cumplir ochenta años-, quien debió soportar ya dos juicios orales celebrados en La Plata con bulliciosas audiencias plagadas de activistas y militantes que falsamente declaman una defensa de los derechos humanos, cuando está claro que sólo buscan agraviar y ofender a procesados y defensores que no comulgan con su ideario. Sin una sola imputación concreta en su contra, se lo procesó por presuntos hechos delictivos asociados a su desempeño como ministro de gobierno bonaerense en tiempos de actuación de un jefe policial sindicado como el verdadero responsable y que fue condenado por sus crímenes hace ya casi 30 años.

Smart es uno más de los 100 funcionarios civiles, en su mayoría judiciales, que habiendo cumplido funciones en la época del régimen militar son acusados por delitos de lesa humanidad, cuya tipificación y definición surge del Estatuto de Roma, un tratado internacional al que nuestro país adhirió en el año 2000 y que recién se ratificó a nivel nacional en 2007. Nuestra Constitución consagra el principio de legalidad que prohíbe una aplicación retroactiva de la ley. La adhesión argentina en 2003 a la Convención celebrada sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad no puede tampoco pasar por alto lo normado ni la costumbre internacional imperativa en la materia, así como la necesidad de poder probar los crímenes más allá de cualquier duda razonable.

Soslayando las bases fundamentales de nuestro sistema jurídico, con el impulso de la Secretaría de Derechos Humanos, el apoyo del Ministerio Público Fiscal y la connivencia de varios jueces federales, se pretende crear una nueva causa de atribución de responsabilidad penal, basada en el "contexto" político en que ocurrieron los hechos imputados, dejando de lado la exigencia de probar la autoría, más allá de cualquier duda razonable.

Como bien señaló el juez Eduardo Farah en un reciente fallo de la Cámara Federal: "La posibilidad ciertamente relevante de que los hechos puedan encuadrarse en la categoría de los crímenes de lesa humanidad no es inocua para el proceso. Mas ello, claro está, no exime de aplicar las reglas que impone la ley para todos los procedimientos penales de esta jurisdicción, sobre la prueba y la dirección de la instrucción, ni de aplicar las pautas que jurisprudencialmente se han trazado para situaciones iguales a la planteada en la presente causa".

En el mismo sentido, sostuvo el integrante de la Cámara de Casación Penal Mariano González Palazzo que "las razones indicadas traducen la necesidad de ser ajustados en el intento de delimitar los conceptos que integran las normas, tratados y resoluciones judiciales, para evitar, por una cuestión de conveniencia circunstancial o por un sentimiento determinado, hacer menos excepcional lo excepcional".

Dando por cierta la falsa afirmación de que en la Argentina, a diferencia de Venezuela, no tenemos presos políticos, el propio candidato a vicepresidente por el partido gobernante, Carlos Zannini, destaca orgullosamente la labor de la administración kirchnerista en materia de supuestos derechos humanos. Al día de hoy, hay más de 3500 imputados y 1100 procesados en cárceles o con prisión domiciliaria, miembros de las Fuerzas Armadas, de seguridad y civiles, que combatieron a las organizaciones terroristas, de los cuales sólo 620 tienen condena. Lo que no dice el flamante candidato es que son más de 300 los muertos en cautiverio, en muchos casos, por demoras y deficiencias en la atención médica que se suman a las presiones psicológicas que se ejercen sobre ellos. Está claro que no se pretende cuestionar que se investiguen delitos supuestamente cometidos, sino que se garanticen juicios imparciales y conformes a las leyes, con condenas justas y encarcelamientos que respeten, como indica la Constitución, la dignidad humana.

Los abogados de Smart, al igual que muchos otros defensores, han solicitado en reiteradas ocasiones el beneficio de la prisión domiciliaria por edad avanzada para su cliente, pedido sistemáticamente rechazado por el escandaloso juez platense Carlos Rozanski al argumentar absurdamente un "alto riesgo de fuga". Con el voto de los doctores Gustavo Hornos y Luis Cabral, y la obvia disidencia de la doctora Ana María Figueroa, que pareciera estar más interesada en llegar al máximo tribunal que en impartir justicia, la Cámara de Casación revocó aquella denegatoria hace dos meses y ordenó que se dicte un nuevo fallo que conceda la prisión domiciliaria. Rozanski no sólo no cumplió el fallo, sino que pretendió frenarlo con diversos artilugios procesales que culminaron con una orden de la cuestionada procuradora general de la Nación al fiscal de Casación, Ricardo Weschler, para que interpusiera un recurso extraordinario ante la Corte a fin de frenar lo dispuesto. Los alegatos del obediente representante de la procuradora Alejandra Gils Carbó evidencian la gravedad con que se instrumenta una venganza impulsada por la autodenominada Justicia Legítima, de neto corte kirchnerista, reeditando una vez más las groseras violaciones a la Constitución a las que nos tienen acostumbrados para el tratamiento de temas que, con ligereza y mendacidad, califican de "lesa humanidad".

Ya no se esgrime el riesgo de fuga, sino el "ascendiente" que este hombre mayor podría conservar sobre estructuras de poder que podrían pervivir. Con desparpajo se afirma sin razón alguna que, casi octogenario, quien permanece encarcelado sería miembro de un supuesto grupo de acción capaz de poner en peligro a la democracia, luego de más de tres décadas de vida institucional, olvidando que Smart renunció a su cargo de ministro de gobierno cuatro años antes de finalizar el gobierno militar en abierta disidencia con el Poder Ejecutivo de entonces.

Por todo lo expuesto, no cabe duda de que denegarle la prisión domiciliaria responde a otra clara motivación política a la que se vienen prestando ciertos sectores del Poder Judicial, sin suficiente oposición, en bolsones sumamente ideologizados de nuestra Justicia Federal. El tribunal que preside el juez Rozanski bien reconocía que la razón principal de estos ataques judiciales, pese a que se la pretende ocultar, radica en que Smart ha sido uno de los jueces de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación que juzgó y condenó en forma ejemplar entre 1971 y 1973 a terroristas de entonces, luego liberados por el gobierno de Héctor Cámpora y, en ciertos casos, tan cercanos al gobierno actual.

LA NACION.

Reparar no es tergiversar

Reparar no es tergiversar

El fraude ideológico sobre el número de personas desaparecidas esconde un verdadero fraude económico, que le ha costado una suma sideral al Estado. 

Como tantas veces señalamos desde estas columnas, la historia reciente llega hoy desde el relato distorsionado de quienes han mendazmente optado por dar prevalencia a la ideología por sobre la verdad. La épica de los derechos humanos impuesta por quienes nos gobiernan instaló una visión ciertamente parcializada, ligada al endiosamiento de lo actuado por las organizaciones armadas terroristas en la década del 70, que justificó indebidamente, entre otras cosas, la reinserción pública de muchos de sus oscuros protagonistas.

El fraude ideológico que pretenden imponernos esconde además un espectacular fraude económico del que poco se habla. Distintas opiniones se alzaron en los últimos tiempos buscando aportar a la verdad. El negocio de los derechos humanos fue el título del reciente libro del periodista Luis Gasulla referido a la estafa, estimada en 750 millones de pesos, detrás de los planes de vivienda del binomio Sergio Schoklender-Hebe de Bonafini. Por su parte, otro autor, José D'Angelo, presentó un análisis particularmente detallado y fundamentado con documentación respaldatoria de dos cuestiones clave. Desde su título, Mentirás tus muertos, este libro se plantea lo desmesurado del controvertido número de 30.000 desaparecidos, al tiempo que se ahonda en el custodiado misterio de los montos destinados a la reparación histórica de las víctimas.

El libro de D'Angelo desmenuza el listado que se anexó en 2006 al informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) conocido como Nunca Más, publicado en 1984. Reeditado con una sustancial modificación al prólogo original que escribió Ernesto Sabato y asignaba responsabilidades compartidas a ambos bandos, la nueva versión promovida por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación señalaba que el listado original sólo consignaba desaparecidos y no muertos, por lo que fue "revisado, corregido, ampliado y actualizado".

La reciente obra de D'Angelo detalla que un 28% de los desaparecidos del primer listado no figuraba en el segundo, ya fuera por inexistentes o por haberse comprobado que estaban con vida, y que tras 22 años habían surgido 677 nuevos desaparecidos, lo que arrojaba un total de 7089 personas en situación de desaparición forzada, a los que se sumaban 1279 muertos. Recordemos que luego del informe de la Conadep continuó vigente la posibilidad de denunciar desapariciones.

Podría suponerse que con estos cambios, la lista revisada de 2006 daría un considerable aumento en el número de víctimas, pero extrañamente no fue así. El informe de la Conadep registraba 8961 casos de personas desaparecidas, mientras que en el de 2006, que agregó los muertos, se llegó a un total de 8368 víctimas. Ante estos guarismos, cabe preguntarse por qué la misma Secretaría de Derechos Humanos, en el prólogo de la revisión, vuelve a denunciar que fueron 30.000 los desaparecidos, si uno solo constituye de por sí una tragedia. Agregar casi 22.000 nombres, imposibles de justificar, argumentando una ausencia de denuncias por temor a represalias, resulta inconsistente y esconde una aviesa intención, pues convierte el número en un fraude oficializado. En pos de ubicar históricamente el origen de aquella cifra, se ha citado tanto a Hebe de Bonafini como al ex montonero Luis Labraña en relación con su funcionalidad coyuntural cuando se buscaba favorecer acciones internacionales que requerían argumentos numéricamente suficientes para poder hablar de genocidio, eliminación sistemática o exterminio.

El libro Mentirás tus muertos expone la realidad de quienes, figurando como desaparecidos en el listado de la Conadep pero luego aparecieron con vida, dejaron de figurar en el listado de 2006, como el ex procurador general de la Nación Esteban Righi, la fallecida ministra de la Corte Suprema Carmen Argibay, el juez de garantías de Morón Alfredo Meade y el intendente de General Lamadrid Juan Carlos Pellita, entre los 2549 casos similares que fueron excluidos. Pone en evidencia las contradicciones surgidas de los nuevos "criterios" adoptados por la Secretaría. Se cuestiona la inclusión de los que murieron en enfrentamientos armados, pues no figuraban en el documento de la Conadep, ya que se sabía que estaban muertos, tal el caso de los fallecidos en el ataque al regimiento de Formosa y en el intento de copamiento del Batallón de Monte Chingolo, durante la presidencia de Isabel Perón, que son catalogados por la Secretaría de Derechos Humanos como víctimas de "desaparición forzada" o de "ejecución sumaria". Se deduce que este órgano aplicó este último concepto a toda muerte a manos de un integrante del Estado sin tener en cuenta qué hacía la víctima al momento de su muerte. No se distingue entre épocas de gobierno constitucional o de facto, ni si mediaba el ataque a un cuartel, el asalto a un camión de caudales o si en el enfrentamiento armado el fallecido había dado muerte previamente a un policía, soldado o civil.

Se incluye así en estos nuevos y tan cuestionables listados a integrantes de organizaciones que para los gobiernos democráticos actuaban por fuera de la ley perpetrando todo tipo de crímenes; también a muertos ejecutados por dictámenes de los tribunales revolucionarios de las organizaciones armadas de izquierda, al igual que a quienes se autoeliminaban ante la inminencia de una detención, cumpliendo órdenes de sus cúpulas, o aquellos que fueron enterrados por sus propios compañeros de lucha. El registro menciona incluso a quienes caían por impericia en el manejo de explosivos, como el caso de una niña de 16 años que pretendía colocar una bomba en una comisaría de Monte Chingolo, cuya identidad sólo pudo establecerse en 2005, aunque en 2006 figuraba aún como desaparecida. Hasta se incluyó a fallecidos en el exterior como Hugo Irurzún, asesinado por la policía paraguaya en una persecución en Asunción, acusado del asesinato del dictador nicaragüense Anastasio Somoza. No menos llamativa, por lo incomprensible, es la inclusión de casos como el de Eduardo Luis Aulet, víctima del clan Puccio en 1983, en un conocido caso de delincuencia común.

Los listados del anexo de 2006 difieren de aquellos de 1984 desde lo conceptual, pues responden a una filosofía política claramente diferente, según la cual toda muerte de un guerrillero sería condenable y, por ende, reparable, más allá de las circunstancias en que se hubiera producido.

Las llamadas leyes "reparatorias" dictadas por los gobiernos de Carlos Menem y Néstor Kirchner con el fin de subsanar los atroces errores y excesos cometidos en la lucha contra la guerrilla de la década del 70 fueron objeto de una discrecional interpretación. Sus reglamentaciones evidenciaron una clara voluntad de flexibilizar, hasta límites risueños, los medios de prueba requeridos para la obtención de los beneficios, dejando en manos de funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos las decisiones finales.

Una de sus más controvertidas reglamentaciones establecía que figurar en el listado de la Conadep resultaba suficiente para que la Secretaría emitiera un "certificado de denuncia de desaparición forzada" que permitía, a la víctima o a sus allegados, acogerse por única vez a un beneficio equivalente al sueldo más alto de la administración pública multiplicado por cien. Curiosamente, la norma no preveía devolución alguna ante tantas reapariciones con vida. Es así como D'Angelo, luego de recorrer infructuosa y reiteradamente distintas reparticiones públicas consignadas en el libro en busca de información fidedigna, termina por preguntarse cuántos han sido los que accedieron a la suma actualizada resultante de 240.000 dólares por la desaparición de otro que figuraba con un seudónimo o un simple "número de Actor" en el informe de 1984, aun cuando, por confirmarse que no estaba desaparecido, haya sido suprimido en el informe de 2006.

De los más de 13.000 reclamos, 7800 obtuvieron resolución favorable según da cuenta el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), armando una auténtica industria de la indemnización por derechos humanos que favoreció tanto a funcionarios como a abogados inescrupulosos. Muchos fueron los millones de dólares pagados y ocultados hasta hoy con la sola intervención de un área del Estado, la sospechada e infranqueable Secretaría de Derechos Humanos. Tantos que el autor del libro citado estima que, a valores de hoy, estaríamos hablando de algo así como 1800 millones de dólares salidos de las arcas públicas con este fin.

La falta de transparencia en el manejo de los fondos del Estado que caracterizó los últimos 12 años involucra también los millonarios montos destinados al pago de estas "reparaciones compensatorias" tan arbitrarias. No cabe entonces ninguna duda sobre cuán conveniente resulta mantener triplicada la cantidad de desaparecidos para justificar el oscuro destino de tan cuantiosos recursos negándose a dar información sobre éstos.

Documentos como los comentados son de un enorme valor en tanto permiten cotejar las diferencias entre la realidad y el relato. Somos los adultos quienes, además de recordar, debemos alentar a los jóvenes para que ahonden en las verdades históricas a través de registros fehacientes de tristes épocas pasadas. Sólo entonces podrán arribar por el camino de la verdad a conclusiones ciertas que dejan al desnudo las verdaderas intenciones de quienes pretenden tergiversar la historia con espurios fines..

LA NACION