sábado, 24 de agosto de 2013

Manchalá y la decadencia


Manchalá y la decadencia

31.07.13 MAURICIO ORTÍN, Profesor de Filosofía - UNSa
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El Operativo Independencia es, antes que nada, una decisión represora ordenada, planificada y ejecutada desde el principio por un gobierno peronista y finalizada por la dictadura militar. Tuvo lugar durante el mandato de la presidente Isabel Perón cuando se ordenó a las Fuerzas Armadas, a través de un decreto del Poder Ejecutivo, “aniquilar” al Ejército Revolucionario del Pueblo en la selva tucumana.

Posteriormente, luego del ataque Montonero a la Guarnición Militar de Formosa, Ítalo Luder, el presidente provisional peronista (Isabel Perón, estaba con licencia médica), también por decreto, extendió la orden de “aniquilamiento” a todas las fuerzas insurrectas en toda la geografía nacional. El Congreso Nacional ratificó la voluntad del presidente y sus ministros peronistas.

Todo el arco político argentino (justicialistas, radicales, democristianos, intransigentes, entre otros) se hermanó al unísono en un solo clamor: ­Represión! De allí que resulte por lo menos curioso que el título de “represor” sea utilizado exclusivamente para los militares y/o fuerzas de seguridad y en absoluto a los que los señores políticos que encargaron (ordenaron) el trabajo. “Aniquilar” (tal cual demandan, taxativamente, los decretos peronistas aludidos), según la Real Academia Española, es un verbo que invita a “reducir a la nada” a su objeto directo. La pretensión de confundir el sentido manifiesto de los decretos, asimilando o equiparando “aniquilar” con otras expresiones verbales tales como “contener”, “apaciguar”, “someter”, “arrestar”, “inmovilizar”, “neutralizar”, además de atentar contra el idioma constituye una “agachada” a la verdad.


¿Qué están esperando los señores políticos para hacerse cargo? Desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 24 de marzo de 1976, fueron, más que los militares, los principales responsables tanto de la represión como de la forma de reprimir. Fundamentalmente los peronistas, siguiendo por los radicales y, con relación a la cuota de participación en el poder, todos, antes que pedir, deben dar explicaciones. Lean los diarios de sesiones de la época y verán que la verba encendida de diputados y senadores estaba presa de un afán aniquilador. En cambio hoy, con un cinismo fronterizo con la perversión, los herederos político-partidarios de aquellos autores intelectuales del aniquilamiento persiguen, juzgan y condenan a los subordinados que ejercieron sus decisiones con brazo militar.

Frente a mil doscientos militares y policías, no hay un solo político preso por crimen de “lesa humanidad” por el “aniquilamiento” de la subversión. Más aún, el despropósito muta en grotesco al observar que los partidos políticos cuyos representantes en los setenta ratificaron el “aniquilamiento” en el Congreso Nacional, hoy enaltecen y reverencian a los que antaño ordenaron aniquilar. ¿Sentimiento de culpa? ¿Por qué si no, aceptan, como normal y hasta deseable, que el ascenso o el retiro de los oficiales de las Fuerzas Armadas sea una atribución de Horacio Verbitsky, Estela de Carlotto o Hebe de Bonafini?¿Qué autoridad civil o moral ostentan estos personajes que no fueron elegidos por nadie? Ser montonero o madre de montonero ¿es acaso ser mejor? Deberían estar pidiendo disculpas y no gozar de las prebendas del Estado.

La oposición no lo entiende así y festeja con entusiasmo cualquier disparate de esta gente. Por ejemplo, ¿condena el Operativo Independencia? ¿Persiguen al general Milani porque participó y no porque siente vergenza de haber sido parte de esa decisión peronista? Milani también consintió demoler el monumento al Combate de Manchalá en Salta. Lo hizo aún consciente de que hay más valor condensado en la uña de un meñique de cualquiera de esos doce soldados salteños que pelearon defendiendo al gobierno peronista, que en toda su triste humanidad. Ningún gobernador, ni intendente (empezando por los de Salta) tuvieron siquiera una palabra para con los que fueron a poner el cuero por ellos en Manchalá. No dan ni vergenza (como Milani). La oposición, de un extremo al otro, no fue capaz de acercar un mísero comunicado de prensa en contra de la demolición del monumento. La Iglesia y el sindicalismo brillaron por su ausencia. La sociedad en su conjunto, atenta al "pan y circo”, todavía no se enteró.


Es que el kirchnerismo no es la decadencia argentina sino su vanguardia. La decadencia, empezando por los políticos, somos todos.

UN PRINCIPIO


Ante familiares de represores, López Murphy criticó la anulación de leyes de Punto Final y Obediencia Debida

El ex ministro sostuvo que durante la década del 70 "se vivió una guerra" y recomendó a familiares de represores pedir la prisión domiciliaria para los detenidos.
 
El exministro de Defensa y de Economía Ricardo López Murphy recomendó a familiares de represores pedir la prisión domiciliaria para los detenidos, al tiempo que cuestionó la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y aseguró que en la última dictadura "se vivió una guerra".
Este miércoles trascendió el video de una reunión que López Murphy mantuvo con los familiares de represores en el auditorio de la denominada Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, donde se refirió al tratamiento que se le da actualmente al tema y afirmó que "cuando estas circunstancias y este clima de opinión cambien, habrá espacio para otro tipo de enfoque y otra realidad".
"Veo muy complejo que la situación legal que se ha creado, las condenas que se han creado, puedan cambiar. Hoy ustedes no ven a ningún diputado como el doctor Vanossi, que tuviera el coraje de plantear en las Cámaras una ley de amnistía como una forma de resolver lo que había ocurrido", señaló el exminstro.
En este sentido, les dijo a los familiares que "el único camino viable es un reclamo de derecho humanitario" e "igualdad ante la ley", porque en la legislación actual "no está previsto que personas de más de setenta años estén alojados en establecimientos penitenciarios".
El exministro evaluó que "es mejor preservar esos establecimientos para gente que sea peligrosa" y subrayó que entre los detenidos por crímenes de lesa humanidad "hay gente que no tiene esas circunstancias".
"A mí me parece que este es un programa posible y práctico que va a disparar resultados inmediatamente. Seguramente, cuando estas circunstancias y este clima de opinión cambien, habrá espacio para
otro tipo de enfoque y otra realidad", indicó.
Previamente, López Murphy cuestionó el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final porque, según dijo, "establecieron una doctrina exótica".
Para el exministro, esa "doctrina exótica" es que "el terrorismo ejercido por las organizaciones tiene un tratamiento distinto del terrorismo o de los actos calificables como terroristas que hayan sido organizados y soportados por el  Estado".
"Se generó la doctrina de que era posible juzgar los casos de la lucha antisubversiva con una legislación que en los hechos no existía en la Argentina y que se aplicaba de manera forzada. Bajo ese criterio, los episodios vividos volvieron a ser juzgados cambiando las prescripciones del derecho penal", agregó.
López Murphy sostuvo que durante la década del 70 "se vivió una guerra" y defendió las leyes de Punto Final y Obediencia Debida por entender que "esa fue la forma en que el país, en el orden institucional, encauzó la tragedia que vivió".
"Falsearía la opinión de ustedes y mi propia convicción si no reconociera que la vocación de recomponer el perdón mutuo y la conversación está disponible. Eso no es cierto. Ninguno de los que ejerce el poder hoy ejerce esa vocación ni esta dispuesto a hacerlo. Superado este elenco de gobierno, veremos", señaló.
Fuente: NA