Reparar no es tergiversar
El fraude ideológico
sobre el número de personas desaparecidas esconde un verdadero fraude
económico, que le ha costado una suma sideral al Estado.
Como tantas veces
señalamos desde estas columnas, la historia reciente llega hoy desde el relato
distorsionado de quienes han mendazmente optado por dar prevalencia a la
ideología por sobre la verdad. La épica de los derechos humanos impuesta por
quienes nos gobiernan instaló una visión ciertamente parcializada, ligada al
endiosamiento de lo actuado por las organizaciones armadas terroristas en la
década del 70, que justificó indebidamente, entre otras cosas, la reinserción
pública de muchos de sus oscuros protagonistas.
El fraude ideológico
que pretenden imponernos esconde además un espectacular fraude económico del
que poco se habla. Distintas opiniones se alzaron en los últimos tiempos
buscando aportar a la verdad. El negocio de los derechos humanos fue el título
del reciente libro del periodista Luis Gasulla referido a la estafa, estimada
en 750 millones de pesos, detrás de los planes de vivienda del binomio Sergio
Schoklender-Hebe de Bonafini. Por su parte, otro autor, José D'Angelo, presentó
un análisis particularmente detallado y fundamentado con documentación
respaldatoria de dos cuestiones clave. Desde su título, Mentirás tus muertos,
este libro se plantea lo desmesurado del controvertido número de 30.000
desaparecidos, al tiempo que se ahonda en el custodiado misterio de los montos
destinados a la reparación histórica de las víctimas.
El libro de D'Angelo
desmenuza el listado que se anexó en 2006 al informe final de la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) conocido como Nunca Más,
publicado en 1984. Reeditado con una sustancial modificación al prólogo
original que escribió Ernesto Sabato y asignaba responsabilidades compartidas a
ambos bandos, la nueva versión promovida por la Secretaría de Derechos Humanos
de la Nación señalaba que el listado original sólo consignaba desaparecidos y
no muertos, por lo que fue "revisado, corregido, ampliado y
actualizado".
La reciente obra de
D'Angelo detalla que un 28% de los desaparecidos del primer listado no figuraba
en el segundo, ya fuera por inexistentes o por haberse comprobado que estaban
con vida, y que tras 22 años habían surgido 677 nuevos desaparecidos, lo que
arrojaba un total de 7089 personas en situación de desaparición forzada, a los
que se sumaban 1279 muertos. Recordemos que luego del informe de la Conadep
continuó vigente la posibilidad de denunciar desapariciones.
Podría suponerse que
con estos cambios, la lista revisada de 2006 daría un considerable aumento en
el número de víctimas, pero extrañamente no fue así. El informe de la Conadep
registraba 8961 casos de personas desaparecidas, mientras que en el de 2006,
que agregó los muertos, se llegó a un total de 8368 víctimas. Ante estos
guarismos, cabe preguntarse por qué la misma Secretaría de Derechos Humanos, en
el prólogo de la revisión, vuelve a denunciar que fueron 30.000 los
desaparecidos, si uno solo constituye de por sí una tragedia. Agregar casi
22.000 nombres, imposibles de justificar, argumentando una ausencia de
denuncias por temor a represalias, resulta inconsistente y esconde una aviesa
intención, pues convierte el número en un fraude oficializado. En pos de ubicar
históricamente el origen de aquella cifra, se ha citado tanto a Hebe de
Bonafini como al ex montonero Luis Labraña en relación con su funcionalidad
coyuntural cuando se buscaba favorecer acciones internacionales que requerían
argumentos numéricamente suficientes para poder hablar de genocidio,
eliminación sistemática o exterminio.
El libro Mentirás
tus muertos expone la realidad de quienes, figurando como desaparecidos en el
listado de la Conadep pero luego aparecieron con vida, dejaron de figurar en el
listado de 2006, como el ex procurador general de la Nación Esteban Righi, la
fallecida ministra de la Corte Suprema Carmen Argibay, el juez de garantías de
Morón Alfredo Meade y el intendente de General Lamadrid Juan Carlos Pellita,
entre los 2549 casos similares que fueron excluidos. Pone en evidencia las contradicciones
surgidas de los nuevos "criterios" adoptados por la Secretaría. Se
cuestiona la inclusión de los que murieron en enfrentamientos armados, pues no
figuraban en el documento de la Conadep, ya que se sabía que estaban muertos,
tal el caso de los fallecidos en el ataque al regimiento de Formosa y en el
intento de copamiento del Batallón de Monte Chingolo, durante la presidencia de
Isabel Perón, que son catalogados por la Secretaría de Derechos Humanos como
víctimas de "desaparición forzada" o de "ejecución
sumaria". Se deduce que este órgano aplicó este último concepto a toda
muerte a manos de un integrante del Estado sin tener en cuenta qué hacía la
víctima al momento de su muerte. No se distingue entre épocas de gobierno
constitucional o de facto, ni si mediaba el ataque a un cuartel, el asalto a un
camión de caudales o si en el enfrentamiento armado el fallecido había dado
muerte previamente a un policía, soldado o civil.
Se incluye así en
estos nuevos y tan cuestionables listados a integrantes de organizaciones que
para los gobiernos democráticos actuaban por fuera de la ley perpetrando todo
tipo de crímenes; también a muertos ejecutados por dictámenes de los tribunales
revolucionarios de las organizaciones armadas de izquierda, al igual que a quienes
se autoeliminaban ante la inminencia de una detención, cumpliendo órdenes de
sus cúpulas, o aquellos que fueron enterrados por sus propios compañeros de
lucha. El registro menciona incluso a quienes caían por impericia en el manejo
de explosivos, como el caso de una niña de 16 años que pretendía colocar una
bomba en una comisaría de Monte Chingolo, cuya identidad sólo pudo establecerse
en 2005, aunque en 2006 figuraba aún como desaparecida. Hasta se incluyó a
fallecidos en el exterior como Hugo Irurzún, asesinado por la policía paraguaya
en una persecución en Asunción, acusado del asesinato del dictador nicaragüense
Anastasio Somoza. No menos llamativa, por lo incomprensible, es la inclusión de
casos como el de Eduardo Luis Aulet, víctima del clan Puccio en 1983, en un
conocido caso de delincuencia común.
Los listados del
anexo de 2006 difieren de aquellos de 1984 desde lo conceptual, pues responden
a una filosofía política claramente diferente, según la cual toda muerte de un
guerrillero sería condenable y, por ende, reparable, más allá de las
circunstancias en que se hubiera producido.
Las llamadas leyes
"reparatorias" dictadas por los gobiernos de Carlos Menem y Néstor
Kirchner con el fin de subsanar los atroces errores y excesos cometidos en la
lucha contra la guerrilla de la década del 70 fueron objeto de una discrecional
interpretación. Sus reglamentaciones evidenciaron una clara voluntad de
flexibilizar, hasta límites risueños, los medios de prueba requeridos para la
obtención de los beneficios, dejando en manos de funcionarios de la Secretaría
de Derechos Humanos las decisiones finales.
Una de sus más
controvertidas reglamentaciones establecía que figurar en el listado de la
Conadep resultaba suficiente para que la Secretaría emitiera un
"certificado de denuncia de desaparición forzada" que permitía, a la
víctima o a sus allegados, acogerse por única vez a un beneficio equivalente al
sueldo más alto de la administración pública multiplicado por cien.
Curiosamente, la norma no preveía devolución alguna ante tantas reapariciones
con vida. Es así como D'Angelo, luego de recorrer infructuosa y reiteradamente
distintas reparticiones públicas consignadas en el libro en busca de
información fidedigna, termina por preguntarse cuántos han sido los que
accedieron a la suma actualizada resultante de 240.000 dólares por la
desaparición de otro que figuraba con un seudónimo o un simple "número de
Actor" en el informe de 1984, aun cuando, por confirmarse que no estaba
desaparecido, haya sido suprimido en el informe de 2006.
De los más de 13.000
reclamos, 7800 obtuvieron resolución favorable según da cuenta el Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS), armando una auténtica industria de la
indemnización por derechos humanos que favoreció tanto a funcionarios como a abogados
inescrupulosos. Muchos fueron los millones de dólares pagados y ocultados hasta
hoy con la sola intervención de un área del Estado, la sospechada e
infranqueable Secretaría de Derechos Humanos. Tantos que el autor del libro
citado estima que, a valores de hoy, estaríamos hablando de algo así como 1800
millones de dólares salidos de las arcas públicas con este fin.
La falta de
transparencia en el manejo de los fondos del Estado que caracterizó los últimos
12 años involucra también los millonarios montos destinados al pago de estas
"reparaciones compensatorias" tan arbitrarias. No cabe entonces
ninguna duda sobre cuán conveniente resulta mantener triplicada la cantidad de
desaparecidos para justificar el oscuro destino de tan cuantiosos recursos
negándose a dar información sobre éstos.
Documentos como los
comentados son de un enorme valor en tanto permiten cotejar las diferencias
entre la realidad y el relato. Somos los adultos quienes, además de recordar,
debemos alentar a los jóvenes para que ahonden en las verdades históricas a
través de registros fehacientes de tristes épocas pasadas. Sólo entonces podrán
arribar por el camino de la verdad a conclusiones ciertas que dejan al desnudo
las verdaderas intenciones de quienes pretenden tergiversar la historia con
espurios fines..
LA NACION
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